No ha sido una legislatura fácil para los socios del Pacto de Izquierdas. Se ha vivido más de un desencuentro que han tenido que solventar con muchas dosis de diplomacia en las cocinas de Més y del PSIB-PSOE. Las modificaciones a la Ley Agraria y su flexibilización del texto inicial propuesto por la conselleria de Medio Ambiente y Agricultura, gestionada por Més, es un ejemplo. Ha habido sus más y sus menos entre ellos. Lo demuestra el hecho de que quien negociaba con los otros partidos los cambios en la Ley Agraria era el conseller estrella del Govern, el socialista Iago Negueruela que gestiona Trabajo. No lo hacía nadie de Més.
No obstante, también ha habido otras cuestiones que han provocado las desavenencias entre el PSIB y Més. La primera de ellas fueron las pegas y los retrasos que desde la Comisión Balear de Medio Ambiente que dirige el nacionalista Antoni Alorda pusieron a los proyectos de Territorio del Consell, gestionado por los socialistas. En concreto, el Consell decidió aparcar el Plan Territorial ante las exigencias de Medio Ambiente. Asimismo, el proyecto de la polémica autopista entre Campos y Llucmajor necesitó casi un año para pasar la evaluación ambiental.
No ha sido el único. También el decreto de catalán en la sanidad pública para los nuevos funcionarios fue otro de los enfrentamientos sonados. El PSOE quería rebajarlo hasta el punto de no exigirlo esta legislatura ante las protestas del sector sanitario. No obstante, Més lo puso como condición para seguir dando apoyo.
De los impuestos ambientales que están en el documento de los Acuerdos del Cambio, Més tuvo que aceptar la negativa de los socialistas a impulsar unos gravámenes a un año de legislatura.
En estos momentos se está produciendo un nuevo desencuentro, además del de la Ley Agraria. Se trata de la regulación del llamado 'todo incluido' que han redactado desde la conselleria de Turismo que gestiona la vicepresidenta nacionalista Bel Busquets. El documento está completamente acabado, pero los socialistas son reticentes a su aprobación por las críticas que les podría originar por parte del sector hotelero y sus trabajadores a escasos meses de las elecciones. Més exige que se apruebe antes del mes de mayo.
