Los dos inspectores de la Policía Judicial que investigan, bajo secreto sumarial, un presunto delito de revelación de secretos por parte de agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Bartolomé Cursach, despacharon ayer con el fiscal anticorrupción Juan Carrau y el juez Miguel Florit.

Los dos funcionarios llevan meses investigando si compañeros suyos de Blanqueo de Capitales han sido fuentes de información de varios periodistas de Palma, a los que habrían facilitado algunos informes del caso Cursach, como uno relativo a un presunto delito fiscal del magnate, una defraudación que posteriormente fue rebatida por un segundo dictamen de Hacienda.

Según algunas fuentes, las diligencias por un presunto delito continuado de revelación de secretos ya estarían casi concluidas, aunque anteayer la fiscalía anticorrupción informó de que la causa seguía secreta y que se seguían practicando diligencias.

La fiscalía señaló que las detenciones, efectuadas el pasado martes del inspector antiguo jefe de Blanqueo y de otro miembro de esa unidad, obedecían a las sospechas de su implicación en la revelación de secretos.

Fuentes policiales señalaron ayer que a los dos agentes sospechosos se les han retirado las armas reglamentarias, los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como consecuencia de las pesquisas declaradas secretas.

Los dos imputados se acogieron a su derecho a no declarar en dependencias policiales y quedaron en libertad.

Visitas a periodistas

En esa pieza secreta el juez Florit dictó, el pasado día 11, un auto de requisa de los móviles y otros instrumentos electrónicos de trabajo de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, y de registro de las redacciones de ambos.

Ese auto ha sido valorado como una clara vulneración del derecho al secreto de las fuentes de los periodistas, incluido en el derecho constitucional a la información y amparado por sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Según la fiscalía, la requisa de los teléfonos no buscaba vulnerar el secreto profesional de los informadores, sino preservar pruebas del presunto delito. Ambos periodistas no están imputados en la pieza secreta, pero sí fueron interrogados extraoficialmente por los dos investigadores.

El auto ha dado lugar a la interposición de una querella contra el juez Florit por parte de Diario de Mallorca, Europa Press, Kiko Mestre y Blanca Po.