El Govern reclama 18 meses de cárcel para el empresario de la noche Bartolomé Cursach, al que acusa de corromper a la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell, y a un funcionario de ese departamento, Bernardí Seguí, para que legalizaran las obras ilegales del Megapark, un gran complejo de ocio situado en la Platja de Palma. La Comunidad Autónoma también solicita la misma pena para Bartolomé Sbert, el ex número dos del Grupo Cursach, y sendas condenas de diez años de inhabilitación para Carbonell y Seguí.
El escrito de acusación ha sido presentado dentro de la pieza separada del caso Cursach conocida como cohechos. La fiscalía anticorrupción acusa en esta causa a 24 personas, entre ellas Cursach, Sbert, Carbonell y Seguí, y pide para los 24 encausados un total de 140 años de privación de libertad.
Anticorrupción sostiene que la cúpula del Grupo Cursach y algunos destacados empleados del mismo dirigieron, supuestamente y durante años, una organización criminal destinada a corromper o intimidar a funcionarios de los ayuntamientos de Palma y Calvià y de la Comunidad Autónoma para que beneficiaran a sus negocios y acosaran a los de la competencia.
La diferencia de las penas solicitadas para Cursach y Sbert por fiscalía (8,5 años de cárcel) y el Govern (año y medio) nace de que la primera imputa la presunta corrupción de los funcionarios de Palma y Calvià, mientras que el segundo solo se ciñe a lasrelaciones del magnate con la Administración Autonómica.
Anticorrupción sostiene, en una línea argumental asumida por el Govern, que Cursach durante años se dedicó a presionar a la conselleria de Turismo para conseguir un trato de favor para sus negocios, tanto a la hora de salir indemne de irregularidades o denuncias o de legalizar obras sin licencia.
Intimidar a funcionarios
Los fiscales señalan que el Grupo Cursach presuntamente intimidó y asustó a los funcionarios de Turismo que no se plegaban a sus deseos y cuentan dos casos concretos de estas presiones.
Estos hechos, que habrían ocurrido en abril y septiembre del 2016, fueron sufridos por dos funcionarios de Turismo.
Pilar Carbonell, que fue durante años funcionaria del área de Turismo del ayuntamiento de Calvià y después ocupó el cargo de directora general de Turismo en el actual Govern, es sospechosa de dar un trato de favor a Cursach, al hacer prescribir sanciones por multas a sus tiqueteros o darle todo tipo de facilidades y favores en sus empresas y obras ilegales.
Según las acusaciones, la directora general de Turismo se habría prestado a favorecer al Grupo Cursach legalizando unas obras en el complejo Megapark, ampliaciones que se habían hecho sin licencia. Carbonell se habría valido del funcionario Bernardí Seguí y habría actuado a instancias de Bartolomé Sbert.
El Govern imputa a Sbert y Cursach sendos delitos de pertenencia a grupo criminal organizado y continuado de prevaricación y a Carbonell y Seguí solamente un delito continuado de prevaricación.
La acusación particular pide también que los cuatro acusados indemnicen a la Comunidad Autónoma por los perjuicios causados del otorgamiento de licencia al Megapark.
