La fiscalía anticorrupción reconoció ayer que el pasado 11 de diciembre pidió la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, del Diario de Mallorca y Europa Press, respectivamente, en unas diligencias secretas del caso Cursach por revelación de secretos sin necesitarlos para la detención de dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado al empresario del mismo nombre, a los que se les acusa de un presunto delito de revelación de secretos. Anticorrupción admitió también que ocho días después de la requisa judicial de los móviles y otros dispositivos electrónicos de trabajo de los informadores, un hecho insólito en los anales de la etapa democrática en España, no se ha analizado el contenido de los mismos, dadas las pruebas que ya poseían los investigadores sobre los dos policías.
Los dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Baleares fueron detenidos el martes y puestos en libertad, en espera de ser citados por el juez Miguel Florit que investiga la presunta revelación de secretos en una pieza separada secreta del caso Cursach.
Anticorrupción vinculó la excepcional medida legal de intervenir los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de Mestre y Pou, que no están imputados en esta causa, no al interés "de localizar o descubrir las fuentes de información" de ambos periodistas, sino en "un aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito (de revelación de secretos".
La delegación de la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, dirigida por Alejandro Luzón, emitió ayer por la tarde una breve nota desde Madrid, para dar su versión respecto al controvertido auto dictado el martes día 11 del actual por el juez Miguel Florit ordenando la incautación de los móviles, ordenadores y otros medios de trabajo de los dos periodistas y el registro de las sedes de sus medios de comunicación.
Este auto ha dado lugar a la interposición de una querella por parte de Diario de Mallorca, Europa Press, Kiko Mestre y Blanca Pou contra Florit por supuesta prevaricación judicial y delitos contra la inviolabilidad de domicilio y el libre ejercicio del secreto profesional. El Tribunal Superior de Justicia ha abierto unas diligencias contra el juez, que han sido declaradas secretas.
Florit emitió su resolución a petición de la Policía y con el apoyo de la fiscalía anticorrupción de Madrid, que ha tardado ocho días en dar su versión sobre un auto objeto de una masiva censura por parte de periodistas, políticos y juristas.
Ya tenían pruebas
Anticorrupción señaló que ya disponía de pruebas contra los dos agentes sospechosos de Blanqueo de Capitales antes de la incautación de los móviles a los informadores y que en virtud de esos indicios se les arrestó el pasado martes. Los dos funcionarios se acogieron a su derecho a no declarar. La fiscalía quiso ayer destacar que los aparatos intervenidos, por lo que las detenciones no tendrían nada que ver con los datos de esos dispositivos.
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