La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) requirió ayer al juzgado de instrucción 12 el auto, dictado el pasado 11 de diciembre por el juez Miguel Florit en una pieza separada del caso Cursach y donde se ordenó la requisa de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de trabajo de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou. El TSJB pretende analizar dicho auto, antes de decidir si abre una investigación por la querella interpuesta contra Florit querella interpuesta contra Floritpor los presuntos delitos de prevaricación judicial, y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.

La sala está formada por los magistrados Antoni Terrasa, presidente del TSJB, Antonio Montserrat y Carlos Gómez, este último ponente.

La petición del auto no significa que la querella haya sido admitida a trámite, sino que obedece a un afán del tribunal de contar con más elementos de juicio antes de tomar una decisión.

Auto secreto

Florit dictó este auto en una pieza separada y secreta del caso Cursach abierta para tratar de identificar al funcionario que informó a la prensa, y el pasado verano, de un atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales sobre un presunto delito fiscal millonario del empresario Bartolomé Cursach. Al estar la pieza declarada secreta, del auto solo ha trascendido hasta el momento su parte dispositiva o final, donde se ordena a la Policía Judicial la intervención y volcado de los móviles de los dos periodistas y el posterior análisis de su contenido. Para esa requisa, que se extendió a los ordenadores, tabletas y dispositivos de almacenamiento de los redactores, se autorizó la entrada y registro en las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca. Una comisión judicial se personó en la delegación de Europa Press en Palma e intervino el móvil y otros dispositivos de Pou. Los dos periodistas no están investigados en la pieza secreta.

Antes, los policías conminaron a Mestre a la entrega de su teléfono, so pena de incurrir en desobediencia y sin dejarle consultar con su abogado. Los mismos funcionarios acudieron después a la sede de este diario con intención de llevarse el ordenador de Mestre, algo que no pudieron hacer al oponerse la dirección del medio.

La querella postula que el auto de Florit "constituye una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista, disparatada e insólita, que resulta increíble haya podido ser dictada por un integrante de un Poder Judicial, como el español, que ha de actuar en todo momento comprometido con el cumplimiento de la Constitución y de la Ley y, muy especialmente, con pleno respeto por las garantías esenciales que permiten reconocer un sistema legal, como plenamente democrático, entre los cuales la libertad de prensa se encuentra en primera línea".

La sala del TSJB quiere saber cómo Florit fundamentó el auto de los registros y las requisas, que, según la querella, vulneró el derecho de los informadores a mantener en secreto sus fuentes y que está recogido en el artículo 20 de la Constitución. Florit contó con el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carrau para ordenar los registros y requisas, unas diligencias solicitadas por los dos policías que investigan, desde hace meses, una presunta revelación de secretos en el caso Cursach.