La delegación central de la fiscalía anticorrupción ha emitido una nota donde sostiene que la intervención, el pasado 11 de diciembre, de los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, no ha tenido como objetivo desvelar las fuentes de información de ambos informadores, que ya conocía por otros medios.
Según anticorrupción, la incautación de los móviles y de otros dispositivos electrónicos de los dos periodistas pretendía "asegurar" las pruebas de un presunto delito de revelación de secretos, que se atribuye a dos policías del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que investigó la trama de corrupción supuestamente dirigida por el empresario de la noche Bartolomé Cursach. El auto del juez Miguel Florit ordenando la requisa de los móviles fue dictado con el apoyo del fiscal Juan Carrau y de la fiscalía anticorrupción de Madrid y ha dado lugar a la interposición de una querella contra el primero por parte de los dos informadores y Diario de Mallorca y Europa Press.
Los dos agentes fueron detenidos en Palma el martes dos agentes fueron detenidos en Palma el martespor varios compañeros y la fiscalía anticorrupción mantiene que son los principales sospechosos de la revelación de secretos, que el juez Miquel Florit investiga bajo secreto sumarial. Los funcionarios fueron puestos en libertad en espera de ser citados por Florit.
Respecto a lo que ha pasado con los móviles y los ordenadores de los dos periodistas desde el martes, la nota señala que permanecen bajo custodia judicial y que no van a ser analizados si no es realmente necesario, un volcado que "se practicaría poniéndolo previamente en conocimiento de los interesados".
El texto íntegro del comunicado es el siguiente:
"En el marco de unas Diligencias Previas en las que se investiga un delito continuado de revelación de secretos por funcionarios públicos, se procedió en el día de ayer a la detención en Palma de dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Dichas detenciones se han llevado a cabo con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos que en el marco de estas Diligencias fueron intervenidos a periodistas el pasado día 11 de diciembre y que siguen bajo custodia judicial.
Aquella intervención de teléfonos no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas, que ya eran conocidas por otras vías de investigación, como demuestran las detenciones practicadas, sino el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito, según autoriza el art. 588 bis a) 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En un momento posterior y caso de ser necesario, se acordaría respecto al acceso al contenido de los teléfonos intervenidos, diligencia que se practicaría poniéndolo previamente en conocimiento de las personas afectadas.
La investigación se mantiene bajo declaración de secreto!
