La fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años y medio de prisión para el empresario Bartolomé Cursach, que se sentará en el banquillo para ser acusados de los delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. Además, también se le reclama quince años de inhabilitación y una sanción económica.

Este escrito de acusación, firmado por los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, no se dirige únicamente contra Cursach, sino también varios de sus directivos o empleados de sus discotecas, políticos, funcionarios del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma, así como policías locales de Palma. En total hay veinticuatro personas acusadas. La fiscalía mantiene que el empresario del ocio, a través de las órdenes que transmitía su ejecutivo Tolo Sbert, mantenía el control de la Policía Local de Palma para beneficiar sus negocios, al mismo tiempo que perjudicaba los locales de la competencia a través de inspecciones continuadas en estos locales. Sbert, en libertad bajo fianza de medio millón de euros, está acusado de los mismos delitos que su jefe y se enfrenta a la misma condena.

Entre las personas destacadas que aparecen nombradas en el escrito de acusación destacan los nombres de la exdirectora general de Turismo del actual Govern, Pilar Carbonell, y el que fuera jefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut. Contra la expolítica se solicita una condena de diez años de inhabilitación, mientras que a Mut la fiscalía le reclama cuatro años y medio de prisión. El resto de acusados que aparecen nombrados en este escrito, que se enfrentan a penas que van desde los dos a los doce años y medio de prisión, son Antonio Bergas (ejecutivo de Cursach), Jaime Lladó (director discoteca Tito's), Arturo Segade (exjefe de sala de Tito's), Bartolomé Capó (jefe de la Patrulla Verde), Gabriel Torres (oficial de la Patrulla Verde), Feliciano Franco (policía local de Palma), Gabriel Mayol (policía local de Palma), José Mayans (policía local de Palma), Miguel Estarellas (policía local de Palma), Rafael Amengual (policía local de Palma), Carlos Vallecillo (policía local de Palma), Carlos Tomás (policía local de Palma), Nicanor Góngora (policía local de Palma), Felipe Flort (funcionario), Rafael Estarellas (comisario policía local de Palma), Bernardí Seguí (funcionario del Govern), Julián Garau (funcionario de Cort), Jaime Nadal (director general de Calvià), Tomás Mas (policía local de Palma) y Daniel Montesinos (policía local de Palma).

La fiscalía Anticorrupción hace un relato pormenorizado del método que impuso el Grupo Cursach, por orden de su propietario y de su ejecutivo, que consistía en tener a sueldo a policías locales para que protegieran sus distintos locales de ocio, repartidos en Palma y Calvià, al mismo tiempo que se perseguía, a través de contínuas e injustificadas inspecciones, a los locales de la competencia, hasta que conseguían que cerraran los negocios y los vendieran a la empresa a un precio por debajo del mercado.

Los fiscales también describen que el grupo mantenía una gran influencia en los departamentos administrativos claves para el desarrollo de su negocios, como era la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Calvià o la conselleria de Turismo. Se afirma que los directivos del grupo sobornaban a los funcionarios, prácticamente obligándoles a aceptar regalos, ya que de lo contrario les advertía que si no lo hacían, recibirán una oleada de denuncias o querellas. Estos regalos consistían en entregadas de dinero en metálico, botellas de champagne francés o pases gratuitos en el gimnasio Megasport, propiedad de Cursach.

También se describen las fiestas privadas que se celebraban en la sala Vip de la discoteca Tito's, organizadas para policías locales de Palma. Para evitar inspecciones, los agentes, la mayoría de ellos pertenecientes a la Patrulla Verde, eran invitados a mantener relaciones sexuales con prostitutas y al consumo gratuito de drogas y alcohol.