La fiscalía Anticorrupción, en un escrito redactado por el fiscal Miguel Ángel Subirán, pero que también firma su compañero Juan Carrau, reclama una condena global de 140 años de cárcel para la trama corrupta que encabeza el empresario Bartolomé Cursach, junto a sus empleados, políticos, funcionarios y policías locales.
El escrito de acusación respalda los delitos descubiertos a través de la larga investigación desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Policía, que ha sido desmantelada y que está en el punto de mira.
El escrito atribuye el papel principal de toda la trama al empresario Bartolomé Cursach, que se enfrenta a una condena de ocho años y medio de prisión. Se le imputa los delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, amenazas y cohecho activo, por tener a sueldo a políticos, funcionarios y policías locales. A los mismos delitos también tendrá que enfrentarse su principal ejecutivo, Bartolomé Sbert, a quien los fiscales también otorgan un papel destacado en la trama, que consistía en controlar a la Policía Local de Palma, así como distintos departamentos administrativos de la comunidad autónoma o del Ayuntamiento, para conseguir proteger los locales de ocio de la empresa, al mismo tiempo que se perseguía a los negocios de la competencia, sancionándolos con inspecciones hasta conseguir que quebraran.
Esta acusación se dirige, en total, contra 24 acusados. Además de Cursach y Sbert, figuran mandos de la Policía Local, empleados del grupo, políticos y funcionarios del Govern. Salvo para cuatro de ellos que únicamente se les solicita penas de inhabilitación, por su condición de funcionarios, contra el resto se pretende que ingresen en prisión.
Así, las personas que se sentarán en el banquillo son, además de Cursach y Sbert, Antonio Berga (directivo del grupo Cursach), Jaime Lladó (director discoteca Tito's), Arturo Segade (exjefe de sala de la discoteca), Joan Mut (exjefe de la Policía Local de Palma), Bartolomé Capó (jefe de la Patrulla Verde), Gabriel Torres (oficial de la Patrulla Verde), Feliciano Franco (policía local de Palma), Gabriel Mayol (policía local de Palma), José Mayans (policía local de Palma), Miguel Estarellas (policía local de Palma), Rafael Amengual (policía local de Palma), Carlos Vallecillo (policía local de Palma), Carlos Tomás (policía local de Palma), Nicanor Góngora (policía local de Palma), Felipe Florit (funcionario), Rafael Estarellas (comisario policía local de Palma), Bernardí Seguí (funcionario del Govern), Julián Garau (funcionario de Cort), Jaime Nadal (director general de PalmaGovernCalvià.
A la trama en general la fiscalía le atribuye trece delitos, que van desde pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y activo, abuso de función pública por solicitud sexual, omisión de perseguir delitos, tráfico de drogas, coacciones, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones, amenazas condicionales y amenazas graves.
La fiscalía quiere demostrar que Bartolomé Cursach y sus empleados más próximos han venido disfrutando de un trato de favor empresarial basao en el pago de dinero y regalos a policías, funcionarios y políticos, que se ha desarrollado durante más de 20 años.
Un acuerdo que consistía, sobre todo gracias a los pagos a policías locales, en proteger la marcha de los negocios del magnate del ocio nocturno de Palma y Calvià, al a cambio de hundir a las empresas de la la competencia.
