El diario Público asegura este jueves que fuentes policiales han revelado que "se ha pactado en los despachos" la decisión de no perseguir al magnate del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado y por el que el juez Florit ha ordenado los registros a periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares. El objetivo de estasactuaciones responde, según las fuentes de Público, a señalar al fiscal Miguel Ángel Subirán como responsable de revelación de secretos "para hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP.
El informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.
El juez Florit, que instruye el caso Cursach en sustitución del magistrado Manuel Penalva (apartado del caso por pérdida de imparcialidad formal), ordenó hace semanas a las compañías telefónicas de los dos periodistas que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida desde el móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou. Florit buscaba, al parecer, a una persona que participaba en la investigación que, según sospecha el juez, podría haber facilitado a los dos periodistas un informe sobre la contabilidad de los negocios de Cursach. Dicho informe ya había sido entregado en el juzgado semanas antes de la publicación en los medios de esta investigación. Cuando se publicó este informe, esta parte de la investigación no estaba bajo secreto de sumario.
La Policía solicitó al instructor unos primeros listados de las llamadas de ambos redactores, en un período de un mes para Mestre, y de nueve meses para Pou. Florit accedió a la petición y ordenó a las compañías que entregaran esos listados a los investigadores.
La Policía analizó esas llamadas y remitió el pasado 8 de octubre un primer informe al juzgado dando cuenta del resultado de sus pesquisas. Posteriormente, solicitaron al juez Florit que requiriese a las compañías para que facilitaran los listados de llamadas de Mestre desde octubre de 2017 hasta el 15 de junio del 2018, y los de Blanca Pou desde octubre de 2017 hasta el 1 de enero de este año.
Más tarde, la Policía reclamó al instructor que dispusiera la requisa de los móviles, y otros dispositivos, así como documentos del caso Cursach de los dos periodistas para averiguar quién facilitaba información, una diligencia que fue apoyada por el fiscal Juan Carrau y que se materializó en el auto del martes. Esta decisión judicial, hasta el momento inédita, ha provocado una reacción del colectivo de periodistas de todo el país.
