El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer el derecho a la información y a la pluralidad informativa al ser preguntado por el registro de la Policía, con una orden judicial, en las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press, en el que requisaron ordenadores y teléfonos móviles para averiguar una fuente de información. "Ahora estamos en el inicio del proceso. Respetamos la independencia del Poder Judicial pero, lógicamente, nosotros si tenemos que defender algo es eso, el derecho a la información", defendió Sánchez en declaraciones a los periodistas al término de la cumbre europea de dos días.
Sánchez insistió en que su Gobierno "por supuesto, respeta el derecho a la información y también la pluralidad informativa, sin duda alguna".
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también mostró su apoyo a la defensa de la libertad de expresión y confió en que la Justicia resuelva la polémica levantada por la incautación de material periodístico "de manera adecuada". "Este Gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión y de todas sus herramientas y, por lo tanto, tiene confianza en que este asunto se resolverá de la forma más adecuada", respondió Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por este asunto.
La ministra de Educación recordó que este diario y la agencia de noticias, además de los dos periodistas a los que el juez Miquel Florit ordenó requisar los móviles y ordenadores presentaron el juevesen Palma una querella criminal contra el magistrado.
"Confiamos en el sistema", un sistema que además es "garantista", y España, "afortunadamente", un Estado de derecho, concluyó la portavoz. Diario de Mallorca presentó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears una querella criminal contra el juez Miquel Florit. Se le acusa de los delitos de "prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción". La acción penal también va dirigida a "las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos".
Devolución de lo incautado
En el escrito se solicitaba que el Tribunal Superior de Justicia ordene al Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallora y a la Policía Judicial "la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados en ejecución del auto calificado en la presente querella como prevaricador y, asimismo, la inmediata eliminación de cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático".
Asimismo, se reclamaba la declaración del magistrado querellado, así como la declaración testifical de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou. La querella sostiene que "el auto de entrada y registro e incautación de material periodístico dictado por el magistrado querellado es prevaricador porque constituye una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional".
Pou reclama la protección del secreto profesional
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en sus siglas en inglés), publicó el jueves un mensaje en su cuenta de Twitter en el que mencionaba lo sucedido este martes en Palma, cuando el juez Miquel Florit ordenó requisar los móviles y material periodístico del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre y de la redactora de la agencia Europa Press Balears Blanca Pou. "La policía española registra redacciones e incauta equipos de periodistas en una investigación por filtraciones", rezaba su mensaje.
La periodista no tardó en contestar con un tuit en el que reclamaba a las autoridades españolas "devolver inmediatamente" el equipo y la documentación requisados y "garantizar que los periodistas puedan proteger la confidencialidad de sus fuentes".
Abogados Preocupados por la requisa de material
La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears (Icaib) expresó ayer su preocupación ante la incautación de los móviles, de "material informático y control de las cuentas de las redes sociales", a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma, en el marco de la investigación del caso Cursach, y expresó su apoyo al colectivo de profesionales de la prensa y medios de comunicación en la defensa de estos derechos.
Así, aseguraron que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han otorgado la plena conciencia de la relevancia del secreto profesional "para el adecuado ejercicio de nuestras funciones" y, por ello, afirmaron que "es especialmente consciente de la necesidad de su defensa, cuyo respeto es exigible a todos los poderes públicos".
