El asombro y cierta división de opiniones imperó ayer en el sector judicial tras la orden del juez Florit de requisar el móvil y los ordenadores de dos periodistas. No todo el mundo le da la misma relevancia al hecho de que se pueda desvelar el secreto profesional que protege a las fuentes: para el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, el asunto "no tiene mayor importancia".
Barceló hizo ayer declaraciones a varios medios. En una entrevista en la Cadena Ser, el fiscal jefe descartó que el asunto cree ningún precedente peligroso y rechazó que haya sido "una medida desproporcionada".
Aseguró que "no es que se quiera infringir el secreto profesional de un periodista que está reconocido en la Constitución" sino "investigar unos hechos" y "hacer unas comprobaciones". Equiparó esta intervención policial a los registros que se han hecho en despachos de abogados "en muchas ocasiones".
En esta línea se pronunció también la fiscal general del Estado, Maria José Segarra, quien no quiso profundizar en el asunto pero garantizó que los jueces y los fiscales "velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas". También dijo no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información. A pesar de todo, reconoció entender la "inquietud" generada.
Bartomeu Barceló también reconoció en declaraciones a EFE que es un asunto "delicado" e indicó que así lo señaló al conocer que el fiscal Carrau apoyaba esta medida.
Barceló se desvincula de la decisión ("la deliberación no me corresponde a mí") al señalar que este tema "lo lleva y lo ha llevado la Fiscalía Especial Anticorrupción" nacional, quien, "estudió profundamente" la situación: "Me imagino que tienen los argumentos necesarios para poderlo justificar".
Esa creencia es a lo que se aferran algunos jueces palmesanos, que ayer admitían su estupor ante la decisión de Florit y el respaldo de la Fiscalía. Quieren creer que si se ha dado este paso es que el auto está muy bien fundamentado, ya que se contrapone el derecho a la información con el derecho a perseguir un delito.
"Gran desproporción"
Y si para Barceló este asunto (sobre el que según su opinión se ha creado "alarma social") no tiene más relevancia, para el juez jubilado José Castro la medida ordenada por su antiguo colega Florit es de una "gran desproporción", ya que a su entender para investigar el origen de unas filtraciones se está "lesionando la Constitución". Castro recordó que "un móvil es algo más que un emisor o receptor de llamadas" con lo que se está vulnerando "el artículo 20 del derecho a la intimidad".
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces por la Democracia, intervino en IB3 y consideró "sorprendente que unos periodistas que ni siquiera están imputados vean intervenidos sus teléfonos personales". Calificó de "muy invasivas" las medidas adoptadas con personas no investigadas. González recordó asimismo que el secreto profesional está recogido como un derecho constitucional.
El representante de esta asociación de jueces quiso dar un "voto de confianza" y expresó su deseo de que "se clarifiquen los hechos y los fundamentos en las próximas horas". Pero aún así, también subrayó que es "llamativo" que la comisión judicial negara el derecho a la asistencia jurídica a la periodista de Europa Press.
Para él, dado que los periodistas no tienen más información sobre la causa, "la indefensión es un hecho patente en este caso". Y recordó: "Y todo ello", dijo con tono de sorpresa, "con el visto bueno de la Fiscalía".
