La orden judicial de requisar los teléfonos móviles y ordenadores de un periodista de DIARIO de MALLORCA y de otra reportera de 'Europa Press' en el marco de la investigación del Caso Cursach ha desatado una ola de indignación entre compañeros de profesión y ciudadanos.

"El SPIB exige que se garantice el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa. Apoyamos a los compañeros a los que hoy se les ha requisado su material de trabajo por publicar un informe relacionado con una investigación judicial", ha expresado en un comunicado el Sindicat de Periodistes de Balears (SPIB), quien ha tachado de "ataque aberrante a la libertad de expresión y al secerto profesional" esta medida.

En los mismos términos se ha expresado la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), al tiempo que ha recordado que "el secreto profesional está protegido en el artículo 20 de la Constitución".

En este sentido, ha recordado el código deontológico de la FAPE sobre el secreto profesional de los periodistas:

Posteriormente, tanto el SPIB como la APIB han emitido un comunicado conjunto en el que han condenado el registro policial ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma contra los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares. "Es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares", han señalado.

"La autoridad judicial y policial ni siquiera ha permitido a la periodista de Europa Press consultar con su abogado en el registro. Apoyamos a los periodistas de Diario de Mallorca en su rechazo de esta tarde [por ayer] a entregar los ordenadores de manera voluntaria", señalaron.

"APIB y SPIB recuerdan que el secreto profesional está amparado en el artículo 20 de la Constitución Española porque es imprescindible proteger la identidad de la fuente en el ejercicio de la profesión periodística. La recomendación de los códigos deontológicos es sólo revelar la fuente cuando esta mienta o haya un peligro inminente para las personas. Si se vulnera el secreto profesional se elimina una de las vías más importantes de acceso a la información", recordaron.

Por ello, SPIB y APIB denunció que "es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares. Llamamos a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo, pilar básico de la democracia".

Además diversas organizaciones periodísticas nacionales rechazaron la incautación de documentación, ordenadores y teléfonos efectuada este martes por la Policía en las sedes baleares de Diario de Mallorca y Europa Press en el marco de la investigación sobre una filtración periodística.

En concreto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) rechazaron este requerimiento de los agentes y mostraron su apoyo a los compañeros de dichos medios.

"Esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero", subraya la FAPE en un comunicado.

Recalca además que en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.

La federación recuerda que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: amparar al profesional de los requerimientos de terceros para que revele sus fuentes, así como a la fuente que le ha suministrado la información.

Por ello, la FAPE considera que los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press no están obligados a revelar quiénes le facilitaron la información "y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo".

"La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada", insiste la FAPE.

Por ello, la federación exige la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos, además de respaldar todas las actuaciones que lleve a cabo la Asociación de Periodistas de Baleares en defensa de los periodistas y de sus medios.

Desde Acijur mostraron su más "contundente" oposición a cualquier actuación policial o judicial "que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes".

E hicieron hincapié en que ni los periodistas afectados ni sus medios están siendo investigados "por el fondo del denominado 'caso Cursach', sino por una información periodística producida supuestamente a raíz de una filtración relativa al citado asunto, en la que se daba cuenta de determinados hechos, nunca desmentidos".

Para Acijur, los medios de comunicación "han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho", si bien consideran que este deber no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en España y que, entre otros derechos, amparan el secreto profesional.

Por su parte, la PDLI calificó de "muy grave" el hecho de que la Policía haya requisado material de los periodistas y ha mostrado su apoyo a la agencia de noticias.

A través de Twitter recordó que "los investigados no tienen que entregar contraseñas" y que "el derecho al secreto profesional y al silencio es irrenunciable para todo periodista", así como un pilar de la libertad de prensa.

La orden de requisar los equipos personales y corporativos de los reporteros se debe a que los investigadores quieren conocer el origen de una información relacionada con el caso Cursach. Diversos medios y periodistas que se han solidarizado con los dos profesionales coinciden en señalar que supone "un ataque a la libertad de la información".

La Policía requisa el móvil de un periodista de Diario de Mallorca