Jorge Rivas, asesor jurídico de UGT en la negociación del ERE que ha planteado el Grupo Juaneda, aseguró ayer tarde que se había alcanzado "un preacuerdo casi definitivo, muy maduro" que rebajaba el número de despidos planteado inicialmente por la empresa, 231 trabajadores, hasta los 150 que, además, percibirían una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades.

Preguntada Juaneda sobre este presunto preacuerdo, la empresa lo negó asegurando que las reuniones continuaban y emplazando a una declaración oficial hoy, jueves, cuando estimó que se firmaría el acuerdo definitivo.

No obstante, Rivas insistió en un preacuerdo que se sustanciará con los 150 despidos anunciados de los que, abundó, "el 75% serán personal sanitario, pocos médicos y más enfermeras y auxiliares de enfermería".

También señaló que UGT consiguió el compromiso de la empresa de realizar una declaración institucional en la que se comprometa a mantener el Grupo asistencial, el actual modelo de negocio y a la plantilla resultante de este Expediente de Regulación de Empleo.

Bolsa de contratación

Asimismo, la parte social habría conseguido que todo el personal despedido sea incluido en una bolsa de contratación que tendrá preferencia en futuras incorporaciones del Grupo, siempre según el relato del asesor jurídico de la UGT.

Rivas recordó que, tal y como marca la ley, todo ERE debe ir acompañado de un plan de acompañamiento para la recolocación de los trabajadores despedidos durante un periodo de seis meses. Pues bien, en la negociación técnica de ayer -la reunión se produjo entre los asesores de UGT, SAE, SATSE, CCOO y Simebal y el equipo jurídico de la empresa- se consiguió garantizar la presencia sindical en la comisión de seguimiento y control de este plan.

También se habrían obtenido garantías de la empresa de que se hará cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los despedidos mayores de 55 años durante los dos años siguientes a la formalización del ERE.

Por último, el Grupo también se habría comprometido, según la versión de UGT, a revisar la actual evaluación de riesgos psicosociales. Esto es, a proteger la salud física y psicológica de los trabajadores que queden en Juaneda.