Los presidentes de la patronal CAEB y de la asociación balear de constructores, Carmen Planas y Eduardo López respectivamente, calentaron el ambiente minutos antes de iniciar la presentación del estudio sobre el sector del ladrillo, con duras críticas a las Administraciones públicas.
Algunos de estos reproches fueron dirigidos a los Ayuntamientos, como el retraso que se registra en la concesión de las licencias de obra y el freno que eso supone para los inversores, y otros contra el Govern, al que se acusa de no adoptar las medidas necesarias para que la vivienda sea más asequible, y de tomar decisiones que incluso pueden agravar su elevado coste, como su ley que permite obligar a los grandes tenedores a ceder los pisos que permanezcan vacíos. Según López esto puede llevar a los promotores a impulsar solo proyectos más fáciles de vender y dirigidos a personas de alto poder adquisitivo.
El presidente de los constructores puso un ejemplo de la pasividad pública: en una autonomía con más de un millón de habitantes, este año solo se han impulsado cinco viviendas de protección oficial.
El director general de Arquitectura, Eduardo Vila, expresó inmediatamente su disconformidad ante estas acusaciones, y defendió la actuación del Govern en esta materia, como la inminente licitación de 51 viviendas protegidas. Además, subrayó que el desarrollo de un parque de vivienda pública no es algo que se pueda hacer en dos días.
Señaló que su objetivo es poner a disposición de las familias isleñas unos 300 pisos de grandes tenedores que permanecen sin ocupar.
