El Sindicato de Periodistas de Balears (SPIB) ha hecho un llamamiento a los profesionales de la información de toda España para que se fotografíen tapándose la boca y suban las imágenes a Twitter bajo el hashtag #ElSecretoNoSeToca. El objeto de la movilización es mostrar apoyo al periodista Kiko Mestre de DIARIO de MALLORCA y a Blanca Pou, de Europa Press de Balears, tras lo que califica como "un atropello sin precedentes", al confiscarles sus teléfonos móviles y requisar ordenadores y documentación de la agencia de prensa para tratar de determinar sus fuentes relacionadas con una supuesta filtración sobre el presunto fraude fiscal millonario del magnate del ocio Bartolomé Cursach.
Numerosos profesionales de medios de comunicación de Mallorca, Menorca y Formentera se han sumado a esta iniciativa. También se han adherido multitud de periodistas del resto de España en señal de protesta.
Asimismo, el SPIB y la APIB han convocado hoy, a las ocho de la tarde en Cort, una concentración por la libertad de prensa y en apoyo a los dos profesionales de la información. Todos los periodistas, y ciudadanos en general, están llamados a participar en esta protesta.
Hasta la pasada medianoche más de 400 periodistas han firmado el manifiesto de la Asociación de Periodistas de Balears por el Derecho a la información y la libertad de prensa. En el comunicado se exige "el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional".
También califican de "un grave atentado a la libertad de prensa" la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación a estos periodistas de DIARIO de MALLORCA y Europa Press de Balears. Al parecer, la Policía Judicial también requirió documentación a una periodista la Agencia Efe y le requirió información sobre sus fuentes.
Los, de momento, 400 firmantes del manifiesto reclaman respeto "a un periodismo libre, pilar básico en una democracia". Al mismo tiempo instan a la Fiscalía General del Estado a que "retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción".
