13 de diciembre de 2018
13.12.2018
Ataque a la libertad de información

La Policía accedió a las llamadas de los periodistas durante semanas sin estar imputados

Diario de Mallorca presentará esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una querella contra el juez Miquel Florit

13.12.2018 | 02:45
La Policía accedió a las llamadas de los periodistas durante semanas sin estar imputados

El apunte

  • Móviles para poder seguir informando
    Las plantillas de Diario de Mallorca y Mallorca Zeitung se concentraron ayer por la tarde en la puerta del diario para mostrar su solidaridad con su compañero Kiko Mestre, al que la Policía requisó el martes su móvil personal y de trabajo, y reivindicar el derecho a la información, piedra de toque de la democracia. Los trabajadores exhibieron simbólicamente sus teléfonos móviles para reclamar que se respete el secreto profesional, vulnerado con la incautación de los instrumentos de trabajo de los periodistas. La concentración fue captada por otros medios de comunicación, que a lo largo de toda la jornada se interesaron por la evolución del caso y sus consecuencias.

Diario de Mallorca presentará esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una querella contra el juez Miquel Florit, que ordenó el pasado martes la incautación del teléfono móvil personal y profesional de un redactor del diario, así como la entrada de agentes de la Policía Nacional en la redacción del rotativo en Palma, para proceder a la intervención de material periodístico relativo al caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

Editora Balear, empresa propietaria de la cabecera, interpondrá la querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores. La acción penal se presentará bajo la dirección letrada de Nicolás González Cuéllar, y coordinada por la directora general de Presidencia y del área jurídica de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, y va encaminada a defender el ejercicio libre de informar y la protección de las fuentes periodísticas.

La citada querella se presentará conjuntamente con la agencia Europa Press, a cuya delegación en Palma acudieron tres agentes de policía y una secretaria judicial el pasado martes y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach. La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

Un dato significativo de este escándalo radica en que la Policía Nacional tuvo acceso al listado de llamadas telefónicas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press, respectivamente, pese a que ninguno de los dos redactores no figuraban como investigados (antiguamente imputados), pese a lo que el magistrado autorizó el cribado de sus llamadas profesionales y particulares, así como la mencionada incautación de sus teléfonos.

Florit, que instruye el caso Cursach en sustitución del magistrado Manuel Penalva (apartado del caso por pérdida de imparcialidad formal), ordenó hace semanas a las compañías telefónicas de los dos periodistas que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida desde el móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou. Florit buscaba, al parecer, a una persona que participaba en la investigación que, según sospecha el juez, podría haber facilitado a los dos periodistas un informe sobre la contabilidad de los negocios de Cursach. Dicho informe ya había sido entregado en el juzgado semanas antes de la publicación en los medios de esta investigación. Cuando se publicó este informe, esta parte de la investigación no estaba bajo secreto de sumario.

La Policía solicitó al instructor unos primeros listados de las llamadas de ambos redactores, en un período de un mes para Mestre, y de nueve meses para Pou. Florit accedió a la petición y ordenó a las compañías que entregaran esos listados a los investigadores.

La Policía analizó esas llamadas y remitió el pasado 8 de octubre un primer informe al juzgado dando cuenta del resultado de sus pesquisas. Posteriormente, solicitaron al juez Florit que requiriese a las compañías para que facilitaran los listados de llamadas de Mestre desde octubre de 2017 hasta el 15 de junio del 2018, y los de Blanca Pou desde octubre de 2017 hasta el 1 de enero de este año.

Más tarde, la Policía reclamó al instructor que dispusiera la requisa de los móviles, y otros dispositivos, así como documentos del caso Cursach de los dos periodistas para averiguar quién facilitaba información, una diligencia que fue apoyada por el fiscal Juan Carrau y que se materializó en el auto del martes. Esta decisión judicial, hasta el momento inédita, ha provocado una reacción del colectivo de periodistas de todo el país.

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