Diario de Mallorca presentará mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la incautación del teléfono móvil personal y profesional de un redactor del diario, así como la entrada de agentes de la Policía Nacional en la redacción del rotativo, en Palma, para proceder a la intervención de material periodístico relativo al caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

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Editora Balear, empresa propietaria de la cabecera, interpondrá la querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

La acción penal se presentará bajo la dirección letrada de Nicolás González Cuéllar, y coordinada por la directora general de Presidencia y del área jurídica de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, y va encaminada a defender el ejercicio libre de informar y la protección de las fuentes periodísticas.

La citada querella se presentará conjuntamente con la agencia Europa Press, a cuya delegación en Palma acudieron tres agentes de policía y una secretaria judicial el pasado martes y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.