El periodismo vivió ayer uno de sus días más tristes. Esto no va de Diario de. Esto va de periodismo, de libertad de prensa, de derecho a la información y, en consecuencia, de democracia. Nadie ha sido capaz de recordar una actuación judicial similar a la que se llevó a cabo ayer por orden de un juez de Palma, con el aval de la Fiscalía General del Estado y a instancias de dos imputados en una macrocausa de corrupción que afecta a empresarios poderosos, policías, funcionarios y políticos. Nadie ha sido capaz de encontrar una explicación razonable a que ayer se requisase material de trabajo de periodistasmaterial de trabajo de periodistas con no se sabe qué finalidad. La más inmediata, la identificación de las fuentes de información y la coacción a su trabajo periodístico. Gravísimas las dos. El objetivo final, impedir que se publique información sobre el caso. Gravísimo también, y muy preocupante.

Un periodista de Diario de Mallorca se vio ayer obligado a entregar su teléfono móvil por orden judicial. En la diligencia se denegó al periodista su derecho a una defensa jurídica. Unas horas después, dos agentes de la policía judicial se personaban en la sede de este periódico para reclamar documentación relativa a las informaciones que Kiko Mestre había publicado en torno al denominado caso Cursach. Diario de Mallorca se negó a entregar voluntariamente el material de trabajo del periodista. La misma comitiva judicial había estado esa misma mañana en la sede palmesana de la agencia Europa Press, requisando móviles personales, ordenadores y documentación en papel de una periodista, pese a su oposición expresa.

El artículo 20 de la Constitución Española garantiza el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". La Ley, añade, "regulará el derecho al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades". Este último concepto es fundamental para el desarrollo del trabajo periodístico en libertad. Solo con la protección de las fuentes puede obtenerse información sensible que de otra manera no saldría a la luz y que garantiza el derecho a conocer la verdad que tiene el ciudadano.

Es legítimo que un imputado utilice las armas a su alcance para defenderse. No lo es que su defensa pase por acallar la información que le afecta, con un interés público fuera de toda duda. Atacando al periodista y a sus fuentes se coacciona a unos y otros y se consigue silenciarlos. Desconocemos cuál es el fin de la investigación judicial, que está bajo secreto. Pero los métodos para llevarlo a cabo perjudican gravemente el libre desarrollo del trabajo periodístico y benefician más al que quiere medios sumisos y callados que al ciudadano con derecho a ser informado.

El atropello contra este periódico y Europa Press tuvo como respuesta un masivo apoyo de la profesión, así como de instituciones y partidos políticos, preocupados por el ataque judicial insólito a la libertad de prensa. Diario de Mallorca presentará una querella criminal ante la grave vulneración de derechos fundamentales que se ha perpetrado con esta acción, en defensa de la libertad periodística y el derecho a la información.

La secuencia de los hechos: la Policía intenta registrar Diario de Mallorca por investigar el Caso Cursach

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