La creación de un quinto juzgado de lo social en Palma el pasado enero no ha conseguido desatascar esa jurisdicción que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tarda 15,5 meses de media en resolver un asunto. Ayer se supo que los juzgados laborales de Balears, en especial los de Palma, han registrado en el último año un 32,1% más de demandas de despido.
Según fuentes judiciales, la prueba de que el quinto juzgado no ha conseguido desatascar la jurisdicción es que los retrasos en los señalamientos de las vistas siguen siendo considerables y que los cuatro restantes juzgados siguen necesitando de refuerzos de jueces. Las fuentes informantes han explicado que los cuatro juzgados de lo laboral de Mallorca se colapsaron en los años duros de la crisis económica. En esa época se registraron centenares de demandas de despido, reclamaciones de cantidad y contra la Seguridad Social.
Desde el Tribunal Superior de Justicia y desde los propios jueces de lo social se reclamó durante años la creación de un quinto juzgado, pero esa dotación no se materializó hasta enero pasado.
Los atascos han tratado de ser paliados en los últimos años con parches de jueces de refuerzo, que iban cambiándose cada cierto tiempo debido a los vaivenes de esa situación. Estas medidas no dieron sus frutos y las demoras fueron creciendo, hasta al punto de situar a los juzgados de Balears en el último lugar de España en cuanto a tiempo de respuesta.
Las fuentes informantes han señalado que el quinto juzgado ha aligerado la carga de trabajo nueva de los cuatro más veteranos, pero estos siguen arrastrando un considerable número de asuntos pendientes de resolver.
Demoras en lo contencioso
Idéntica situación se está produciendo en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Palma, que son los más lentos en resolver los asuntos de toda España, con 14,3 meses de respuesta de media. Aquí también se han puesto parches con magistrados de refuerzo, algunos de los cuales están destinados en la península y dictan desde allí sus sentencias. Las fuentes resaltan que esos magistrados pueden desconocer la realidad social y administrativa de las islas. El informe del CGPJ también constata que los desahucios por impago de alquileres suben en toda España, incluida Balears, donde en el verano se produjeron 341 lanzamientos.
