El Govern que en cualquier momento le puede ocasionar un serio revés. Es el recurso interpuesto por el Gobierno central en tiempos del PP que le reclama la friolera de 46 millones de euros por las desaladoras de las islas, al tener que rescatar la concesión cuando el Govern no las pudo poner en marcha. En la conselleria de Medio Ambiente, que gestiona el conseller Vicenç Vidal (Més), confiaban en que el nuevo equipo del ministerio de Transición Ecológica, en manos del PSOE, tendría otra actitud y se podría conseguir que retirase el recurso.
Vicenç Vidal mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y le pidió que el Ministerio retirara el recurso ante el déficit de financiación estatal de Balears y para poder destinar el dinero a otras inversiones ambientales. No obstante, la respuesta posterior de Morán fue negativa y argumentó que "el proceso judicial ya está muy avanzado", relató Vidal.
El conflicto se remonta a cuando el Ministerio construyó dos desaladoras, una en Ciutadella y otra en Santa Eulàlia, mediante una concesión de explotación que se adjudicó en 2003. No obstante, los retrasos en las obras, modificaciones y sobrecostes del proyecto y deficiencias, que motivaron a que el Govern no quisiera hacerse cargo de ellas durante la legislatura del Govern Bauzá y con Biel Company como conseller del ramo, provocaron que los adjudicatarios exigieran en 2015 que la administración les rescatara la concesión. En 2016 el Ministerio presentó una reclamación judicial ante la Audiencia Nacional. Entendía que era el Govern quien debía pagar los sobrecostes y el rescate de las concesiones por valor de 46 millones de las dos plantas que llevaban una década terminadas y sin funcionar.
Al principio de esta legislatura, el actual Govern llegó a un acuerdo con el entonces ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que dirigía la popular Isabel García Tejerina para desbloquear la situación y utilizar las desaladoras ante la fuerte sequía. Este acuerdo contemplaba que el Govern realizaría las conexiones y el Gobierno las cedería. El Pacto, nada más llegar al poder, confió en la lealtad institucional de la ministra Tejerina para que, tras el acuerdo, no reclamase los 46 millones de euros al Ejecutivo autónomo. No obstante, el gobierno del PP no tuvo contemplaciones y sin más dilación interpuso la reclamación ante la Audiencia Nacional.
Personación del Govern
La Abogacía de la Comunidad autónoma contestó el recurso de Madrid y se espera que en los próximos meses pueda dictarse una resolución por parte de la Audiencia Nacional. El conseller Vicenç Vidal aseguró que "tenemos todas las de ganar y los abogados de la Comunidad así nos lo manifiestan". Entre otros aspectos el Govern de las islas argumentó en su escrito que quien adjudicó estas desaladoras fue el Ministerio y la conselleria de Medio Ambiente solo se comprometió a comprar agua para suministrar a la población. De igual modo, el propio Ministerio decidió modificar el proyecto, que ha llevado a unos sobrecostes importante, y lo hizo sin consultar al Govern. Cuando las empresas adjudicatarias pidieron que se les rescatara la concesión lo hicieron reclamando al Ministerio, que las rescató, y no se dirigieron en ningún momento al Govern para reclamar.
Pese a que en el Ejecutivo autonómico son optimistas de cara a la resolución judicial, desde la conselleria de Medio Ambiente esperaban un gesto del nuevo Gobierno socialista retirando la reclamación para acabar definitivamente con el conflicto.
