El que fuera estratega electoral de Més per Mallorca, Jaume Garau, cobró 21.000 euros del Govern por entregar un informe incompleto sobre la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Es una de las irregularidades que la Policía judicial destaca en su análisis sobre el caso Contratos -la adjudicación a dedo de más de 150.000 euros públicos por parte de distintas administraciones gobernadas por Més a Garau-, que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en dos juzgados de Palma.

La Brigada de delincuencia económica señala que en un encargo de la conselleria de Cultura, del año 2016, se entregaron menos encuestas de las contratadas. Se trata del estudio para mejorar la asistencia de público a los conciertos de la Orquestra Simfònica, adjudicado el 10 de marzo de 2016 a la empresa Consultores de Políticas Comunitarias (CPC), cuyo administrador es el propio Garau. De las "200 encuestas telefónicas aleatorias" que Garau debía realizar entre los abonados, "faltan 50 encuestas", detalla la Policía. Tampoco están otras 8 entrevistas presenciales a espectadores aficionados o esporádicos; ni un sondeo a ocho profesionales del sector -"focus group"- de los 24 a los que se tenía que entrevistar, según la oferta presentada. CPC cobró 21.175 euros por este trabajo incompleto.

"No se han satisfecho la totalidad de servicios contratados", recalca el informe policial. También revela que el Govern no ha facilitado a los investigadores el trabajo de campo efectuado por CPC: "El trabajo se sustenta en unas encuestas que no han sido facilitadas a este Grupo Policial".

En otro apartado, la Policía asegura que la empresa que realizó un informe sobre el consumo cultural en Balears, también por encargo de la conselleria de Cultura, en manos de Més, hizo parte de las encuestas cinco meses antes de serle contratado oficialmente el sondeo. El 12 de mayo de 2016, la Conselleria adjudicó a Psyma Iberica Marketing Research SL la realización de "1.600 encuestas sobre los hábitos de consumo de la cultura en las Illes Balears". No obstante, en el expediente "constan 358 entrevistas con fechas anteriores al contrato", concluye un informe policial al que ha tenido acceso este diario. A los investigadores les "llama la atención" que parte de estas entrevistas ya estuvieran efectuadas el "7 de enero de 2016".

Las 1.600 encuestas fueron encargadas por el entonces director general de Cultura, Jaume Gomila, que tuvo que dimitir tras estallar el escándalo y es uno de los imputados en esta causa. El 12 de mayo de 2016 el ex alto cargo de Més firmó la propuesta de contratación de Psyma Iberica por un precio de 21.417 euros. La Policía revisó un cd que contiene las entrevistas efectuadas, y concluyó que 358 ya estaban hechas mucho antes de la contratación. Un indicio de que ésta podría haberse amañado con anterioridad para beneficiar a la empresa en cuestión.

Ello no obstante, desde Més per Mallorca contradicen a la Policía y aseguran que se trata de "un error informático". La versión del partido es que algunas fechas se pusieron automáticamente en el sistema inglés, por lo que en lugar de aparecer uno de julio (01/07), el archivo Excel daba pie a interpretar que era el uno de enero (07/01).

Psyma no es propiedad de Jaume Garau, pero sí colaboradora suya en otros contratos con el Govern. El asesor expulsado de Més cobró otros 21.538 euros de Cultura para interpretar el sondeo llevado a cabo por Psyma, en lo que la investigación considera que fue un contrato fraccionado: las encuestas se adjudicaron por un lado, y su análisis por otro, para de este modo evitar un concurso público al que obligaba la cuantía total (unos 43.000 euros). Por el contrario, al estar dividido en dos (unos 21.500 euros cada uno) ambos trabajos pudieron darse por la vía directa.