El Gobierno de los jueces es una amenaza teórica en el conjunto del Estado y una realidad cotidiana en Balears. Las ultrasensibles decisiones urbanísticas y turísticas no están en manos de los ciudadanos, sino del Govern del Tribunal Superior, ejecutadas de modo inmediato por una Sala de lo Contencioso en cuyo frontispicio se debería instalar el lema de "Conselleria de Urbanismo (Auténtica)".
Cinco magistrados cinco ejercen un poder absoluto sobre la configuración de Mallorca. Nadie sabe cómo han accedido a su posición, ahora mismo se ha renovado al presidente de la Sala/Govern sin transparentar una proclamación de la que dependen cientos de millones desembolsados a escote por los mallorquines.
No solo es curioso que las sentencias del Govern de lo Contencioso, impecables en lo jurídico, se dicten sistemáticamente en contra de los intereses de los mallorquines, sino que además violenten el sentir o clamor mayoritario. Ni en la derecha se obtendría un pronunciamiento favorable a otro macrohotel en la isla, o al alquiler turístico salvaje. No importa, los consellers en jefe fallarán a favor de los promotores en la mayoría de ocasiones.
El dinero que el Tribunal Superior adjudica a los especuladores, revirtiendo medidas protectoras, sale directamente de los ciudadanos. Cuando se produce una tragedia como Sant Llorenç, el Govern (No Auténtico) democrático carece de fondos porque se los ha gastado en indemnizaciones por condenas del Govern (Auténtico), siempre a favor de promotores que pugnan por la destrucción material y por lo visto legal de la isla.
En los abundantes casos en que el Supremo desautoriza al Govern del Tribunal Superior, el hospital ilegal de Son Espases ya está irremediablemente construido, o desfigurado a perpetuidad el perfil de las Avenidas. Se trabaja muy a gusto cuando se puede afirmar en una sentencia, farmacias de José Ramón Bauzá y Aina Salom, que se ha cambiado de criterio sin necesidad de razonarlo. Por supuesto, la farmacia ilegal del PSOE se convierte en legal si es del PP.
