Las asociaciones de constructores y promotores de Balears ponen "en duda la constitucionalidad de la Ley balear de Vivienda" y advierten de la inseguridad jurídica que genera, según se pone de relieve en el editorial de la revista Nivell que la primera de estas patronales publica. El punto más criticado es que el Govern pretenda obligar a los grandes tenedores de inmuebles residenciales a cederlos si permanecen desocupados durante dos años.
En el texto, los constructores lamentan que a la escasez de suelo existente en las zonas de las islas con mayor demanda se une "la ausencia de una política de vivienda en positivo" al tiempo que "prevalecen los aspectos coercitivos", como el antes señalado previsto en la citada ley balear.
Según el sector, "la obligación de las Administraciones es promover vivienda pública, no arrebatársela a sus legítimos propietarios".
En este aspecto, se advierte de que ante el citado riesgo de cesión obligatoria, los promotores evitarán poner en marcha la edificación de nuevas residencias si no las tienen previamente vendidasponer en marcha la edificación de nuevas residencias si no las tienen previamente vendidas, lo que puede agravar la escasez actualmente existente.
Se añade que esta "política errática en ningún caso está favoreciendo el descenso del precio de la vivienda ni el acceso a una residencia a las familias de clase media, que son las grandes olvidadas por parte de las instituciones".
En este aspecto, se subraya que comprar una vivienda en Balears es casi un 50% más caro que en la península y que la tendencia es que los precios en el archipiélago van a seguir creciendo a un ritmo que duplica el del resto del país.
En esta misma revista se ha incluido un informe sobre la escasez de pisos a precios razonables que existe en las islas y los perjuicios que ello supone para las clases medias y medias-bajas.
Para empezar, se afirma que es "urgente" hacer políticas de vivienda a favor de la clase media", para lo que se reclaman "facilidades para la compra de las que pueda beneficiarse este amplísimo sector de la sociedad que a veces es el más olvidado".
En concreto, se señala que "es preciso incrementar la promoción de viviendas sociales, algo en lo que deberían implicarse mucho más las administraciones, pero la política tampoco puede dejar de lado a la clase media", cuyas posibilidades económicas la sitúan cada vez más lejos de poder acceder a un inmueble.
En este aspecto, esta patronal se suma a la reivindicación impulsada por los promotores inmobiliarios, para que se modifiquen los parámetros que actualmente están en vigor para fijar las alturas de los edificios y el tamaño mínimo de las residencias, al considerar que de este modo se evitaría también un mayor consumo de territorio.
En este sentido, se recuerda que la sociedad actual presenta modelos familiares más reducidos, lo que permite la promoción de viviendas de menor tamaño.
