El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, procesó ayer a la antigua cúpula de la desaparecida caja de ahorros rocesó ayer a la antigua cúpula de la desaparecida caja de ahorrosSa Nostra (hoy Bankia) y a dos empresarios por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y archivó la causa contra 21 antiguos miembros del consejo de Administración de la entidad.

Pedraz, en un escueto auto de cuatro folios, transformó las diligencias en un procedimiento abreviado y pidió al fiscal y a las acusaciones, entre las que se halla Bankia, que redacten sus escritos de calificación.

Como ya esperaban los abogados personados en la causa, los cinco investigados que han sido procesados son las personas que ostentaban el mando de Sa Nostra y su filial Invernostra entre 2005 y 2011: Pere Josep Batle, Pau Dols, así como el promotor inmobiliario Martín Gual, defendido por Pedro Horrach y dueño del Grupo Martín Gual (GMG) y Javier Collado, apoderado de varias sociedades integradas en ese holding.

Estos cinco son acusados de desviar decenas de millones de Sa Nostra y de un descuadre también millonario en las arcas de la entidad con varias operaciones inmobiliarias fallidas en Mallorca y la península.

A Martín Gual, Pedraz le acusa de "negociar y alcanzar acuerdos con la caja de ahorros, acuerdos que solo beneficiaban al Grupo Martín Gual en detrimento de la propia caja, a la que se ocasionaron graves perjuicios económicos". A Javier Collado, el instructor le otorga el papel de "representar a GMG en la compraventa de las fincas de Son Bordoy, Son Morlá y Son Morlanet", las que generaron un quebranto millonario.

Batle y Dols "formaban parte del consejo de administración y la comisión ejecutiva de Sa Nostra y eran miembros del comité de seguimiento de riesgos de la caja de ahorros. También acudían frecuentemente a las sesiones de dichos órganos".

Rafael Oliver era "el consejero delegado de Invernostra y también era miembro del comité de seguimientos de riesgos de la caja y del comité de dirección"

Los tres antiguos ejecutivos aparecen así como las personas responsables de las operaciones supuestamente delictivas, que causaron a Sa Nostra un quebranto superior a los cien millones de euros. Según la fiscalía anticorrupción, "sus opiniones son fundamentales para la toma de decisiones, las cuales han sido perjudiciales para la caja de ahorros y se adoptaron con quebranto de las precauciones mínimas cuya observancia es exigible, especialmente como directivos y atendiendo a su rango profesional".

Una sola sesión

Pedraz declara probado que el hoy diputado del Parlament Andreu Alcover no participó en absoluto en los hechos, ya que de hecho solo estuvo presente en una sesión del consejo de administración de Sa Nostra sobre este asunto. Idéntico nulo papel lo tuvo Joan Roig. Entre los 21 exconsejeros exculpados se hallan Fernando Alzamora, defendido por Eduardo Valdivia, y José Luis Roses, representado por Fernando Mateas, y Francisca Bennasar.

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