Un expediente de regulación de empleo (ERE) no es un mero acto administrativo. Ni una estadística. Ni un trámite afrontado de forma rutinaria.
Un ERE significa una familia que pierde sus ingresos. O una hipoteca que no se podrá pagar, lo que forzará la pérdida de la vivienda. O un trabajador de más de cincuenta años que pierde toda esperanza de reengancharse al mercado laboral. O una depresión. O una acumulación de adversidades.
Un conseller, un director general o un funcionario que se limita a tramitar un ERE como si fuera un certificado de residencia o una multa de tráfico es un pésimo gestor público.
Es cierto que la crisis económica seguía azotando a Balears durante el Govern de José Ramón Bauzá. Sin embargo, los 9.972 trabajadores perjudicados son demasiados. Y serían muchos más si las empresas no hubiesen camuflado regulaciones de libro con despidos ejecutados por etapas. El Ejecutivo de Francina Armengol ha tenido el viento a favor, aun así, 1.861 empleados se han visto afectados.
Una cosa hay que reconocerle al conseller de Trabajo, Iago Negueruela. Combate cada caso que se le presenta. No da por perdida, de entrada, ninguna batalla. Luego la historia termina bien, mal o regular. Pero no es un mero tramitador. Es un luchador, aunque a veces tenga que lamerse las heridas. Su último combate es el de Cemex. Ha logrado una tregua, pero el resultado final no es esperanzador.
