Es una práctica habitual de las compañías aéreas, obligar al comprador a marcar la casilla de residente cuando accede a sus páginas webs. De esta manera, desde el inicio de la consultar la aerolínea ya sabe que quien va a adquirir el billete de avión es un ciudadano que reside en los archipiélagos, Ceuta o Melilla. El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons considera que “es sancionable” y así lo ha expresado este lunes tras la rueda de prensa en la que ha anunciado que el Govern pretende que las rutas a la península sean declaradas servicio público.

También se pedirá al Ministerio de Fomento que se fije una tarifa de referencia para evitar que los precios no se disparen, como se está constantando tras la entrada en vigor, en julio pasado, del 75% de descuento de residente. Estas medidas deben contar con el beneplácito de la Unión Europea. Mientras, el Gobierno central está elaborando informes que permitan verificar si las aerolíneas han incrementando precios al tiempo que se benefician de la bonificación del transporte aéreo con dinero público.

La obligatoriedad de declararse residente hace levantar la suspicacia de los adquieren billetes directamente en las webs de las compañías, hasta el punto que el Gobierno central pretende que se mejoren los sistemas de reservas, de manera que hasta el último momento las aerolíneas no cuenten con esta información. Así lo puso de manifiesto el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso, a mediados de septiembre, durante una comparecencia en la que dio detalles sobre las labores de seguimiento que realizan para garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados aéreos y evitar el incremento de los precios con la bonificación del 75%.

“Probablemente” han subido las tarifas de los billetes más en las webs que se presupone utilizan las compañías, apunta Antoni Abrines, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba). Desde la patronal de las minoristas se asegura que “la mejor opción” es acudir a las agencias físicas porque sus profesionales acceden a tarifas en las que solo al final se aplica el descuento de residente. En este sentido, el conseller Pons defiende que interrogar al comprador online sobre si es o no ciudadano con derecho al descuento aéreo puede ser sancionable.

Pons confía en que el Gobierno central concluya las investigaciones que lleva a cabo en esta materia porque no es de recibo que las compañías se lucren con la subvención al transporte aéreo.