25 de noviembre de 2018
25.11.2018

El REB de 1998 creó quince comisiones mixtas que nunca se han reunido

La mayoría de las medidas del Régimen Especial enterrado por el Gobierno de Sánchez ya figuran en la ley vigente, firmada por Juan Carlos I y Aznar y que ni siquiera vio desarrollado su Reglamento

25.11.2018 | 02:45
El expresidente Antich con su entonces conseller de Hacienda, Carles Manera, y detrás de ambos la hoy presidenta Armengol.

El futuro de la parodia de Régimen Especial de les Illes Balears pergeñado por Francina Armengol y Pedro Sánchez puede trazarse en la triste suerte corrida por el REB vigente. Las fabulaciones sobre improbables conquistas económicas, que debían equiparar a la comunidad balear con Canarias, olvidan que el archipiélago mediterráneo ya goza de una condición singularizada gracias a la "Ley 30/1998 del Régimen Especial de les Illes Balears". Está firmada al alimón por José María Aznar y Juan Carlos I. Sigue vigente y nulo, porque nunca se ha aplicado. Los cuatro políticos citados en este párrafo han contribuido a un sinsentido legal, sin aportar ni una sola de las conquistas anunciadas. Los papeles de verdugo han correspondido hace dos décadas a Rodrigo Rato y hoy a María Jesús Montero, siempre desde las almenas del ministerio de Hacienda.

El envoltorio de un Decreto-Ley invocado por Sánchez y Armengol omite que si una ley entera firmada por un Rey ha resultado estéril, de poco servirá crear otra con más amputaciones todavía. El compromiso ausente de PP y PSOE para que Balears acceda a un REB viene simbolizado por las quince comisiones mixtas de Gobierno y Govern contempladas en la Ley de 1998. Ninguna de ellas se ha reunido ni constituido en las dos décadas transcurridas desde la aprobación en el Congreso del texto legal. Es decir, constituían una farsa destinada a obstruir cualquier intento de Régimen Especial. En el simulacro actual han sido reemplazadas por convenios, con el mismo objetivo disuasor. Se ha cumplido el adagio de que la mejor manera de enquistar un problema consiste en crear una comisión. Algunas de las citadas tenían cometidos tan peregrinos como "analizar las potencialidades del sector náutico". O "propiciar el desarrollo del sector de la acuicultura".

Treinta y dos artículos

En 1998 gobernaban Aznar en Madrid y Jaume Matas en Balears. Al año siguiente llegaría al Consolat el primer Pacto de Progreso de Francesc Antich, que soportó la legislatura autonómica a la sombra del aznarismo. El REB estaba pues condenado al ostracismo. De hecho, ni siquiera se desarrolló el Reglamento que debía pavimentar la aplicación de la Ley 30/1998. Tampoco se ha puesto en marcha desde entonces. En el mundo onírico que habitan quienes todavía se refieren al tratamiento preferente como una posibilidad, se podría reactivar el antiguo y espectral "texto consolidado". Para disimular, el nuevo Régimen se presentó el año pasado con el matiz en la nomenclatura de REIB, insertando Illes.

La ley aprobada en Madrid constaba de 32 artículos. Cada uno de ellos se consagraba a las pretensiones individualizadas de Balears para elevar su status. Leídos desde la perspectiva del actual REB, se observa una extraña obsesión por repetir los objetivos. Hasta 16 de las 23 "Medidas" del Régimen Especial ahora enterrado por el Gobierno ya están teóricamente disponibles, puesto que figuran en la redacción aprobada en Cortes. Actuar como si no existiera el Régimen Especial, y entregarse al voluntarismo de que una nueva iniciativa se impondría donde antes se fracasó, no es la peor de las ingenuidades de los negociadores salidos de Mallorca.

Juan Carlos I cerraba la Ley 30/1998 con sabias palabras. "Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley". Han cumplido a rajatabla, la han guardado en un arcón bajo siete llaves.

Las 16 medidas ahora rescatadas son las fundamentales del REB. Las incorporaciones de nuevo cuño se centran en medidas tan pintorescas como la cesión al ámbito autonómico de los puertos del Molinar y Portixol, o del aeródromo de Son Bonet. Tampoco se hablaba hace veinte años de un Fondo de Insularidad de un mínimo de 400 millones de euros. Dado que ha sido la primera "medida" decapitada por Sánchez y Armengol, puede hablarse en propiedad de que el difunto Régimen Especial de hoy mismo se limita a repetir al vigente de ayer.

Medidas de relevancia económica circunstancial como las becas engordadas para alumnos de Balears o las ayudas a los familiares de los enfermos se confunden en ambos redactados. En aras de la honestidad analítica, la Ley aprobada se detiene en las declaraciones de intenciones, con enunciados genéricos como que "los precios de los hidrocarburos tiendan a aproximarse", o la inconcreta "potenciación del transporte ferroviario" y la también indefinida "promoción". Se escamotean así habilidosamente las determinantes referencias numéricas que fueron reintroducidas el año pasado en cada una de las 23 "Medidas". La reacción de Madrid ha sido más sanguinaria dos décadas después, extirpando sin contemplaciones la práctica totalidad del recetario. No ha sobrevivido ni la buena voluntad.

Resulta curiosa la ceguera deliberada de comportarse como si el REB fuera un proceso ex novo, y no acreditado ya con todos los parabienes legales, para ser obviado a continuación. Solo los nombres del Rey y presidente del Gobierno firmantes distinguen a dos Regímenes Especiales separados por veinte años de distancia. Balears no ha vivido en la orfandad absoluta durante estas décadas, pero ni siquiera las inversiones estatales acogidas a la insularidad se amparaban bajo el manto de la Ley 30/1998. Se trataba de erradicarla por la vía de ignorarla.

Desde una perspectiva romántica, aquel REB no limitaba "su ámbito territorial" a las islas emergidas, sino que ampliaba su aplicabilidad "en sus aguas interiores". Es decir, materializaba el sueño de Alexandre Forcades, conseller de Economía de Cañellas, padre putativo de la consideración singularizada y autor de la expresión de dominio "mar balear". La realidad ha demostrado en sentido inverso que se trataba de anular la Ley por tierra, mar y aire, dada la imposible cogestión aeroportuaria aparcada en la cumbre de Sánchez y Armengol.

El REB primitivo pero en vigor también prometía desde su Artículo 3 "una reducción en las tarifas aéreas del 33 por ciento para los trayectos directos entre las Illes Balears y el resto del territorio nacional". Sin embargo, acaba de demostrarse que las compañías aéreas transforman en subvenciones camufladas los descuentos, sean del 33 o del 75 por ciento. Este techo se ha logrado veinte años después, pero solo gracias a la intercesión de Canarias. Está sometido además a una caducidad anual y, en contra de lo que predica el Govern de puertas afuera, ha sido fatídico en el choque frontal con el ministerio de Montero. El Gobierno aplica el criterio limosnero de que "ya hemos dado". Creen cumplida su misión con el aligeramiento de los billetes. No desean ceder ni un milímetro adicional.

Rematado por el PSOE

El PSOE ha rematado el segundo o tercer REB, ausente del tambaleante proyecto de Presupuestos para 2019. Sin embargo, el PP también puede presumir de haber despojado a Balears por dos veces del Régimen Especial. La primera fue en 1998, al aprobar a regañadientes una ley desnaturalizada. La segunda corrió a cargo de Mariano Rajoy, al suprimir sin mayores explicaciones el cheque de 400 millones de euros anuales que Antich obtuvo de José Luis Rodríguez Zapatero.

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