La alarma alimentaria puede saltar en cualquier momento, en un restaurante, en un bar, en una empresa de distribución de alimentos o en un matadero.

Hace solo tres días, la dirección general de Salud Pública cerró temporalmente el restaurante chino Can Zhang de Inca por haber provocado, presuntamente, un brote de salmonelosiscon diez personas intoxicadas. Cuatro de ellas se encuentran hospitalizadas, dos adultos y dos niños. Todas ellas comieron arroz chino en mal estado.

Es el último episodio, la última actuación de seguridad alimentaria de las autoridades sanitarias de Baleares por un brote, pero no el primero del año en establecimientos dedicados a la alimentación.

En la memoria reciente de 2018 todavía quedan las actuaciones contra las empresas cárnicas, realizadas entre marzo y mayo. En una de ellas, en la que se intervinieron más de cincuenta toneladas de productos caducados, los trabajadores denunciaron que limpiaban lotes de lechona enmohecida con el desengrasante KH7 para servirla luego al público. En la otra, se manipulaban etiquetas próximas a caducar antes de la distribución.

El año empezó con un caso sonado, el brote de hepatitis A con 33 afectados declarado en enero en el restaurante Can Terra de la calle 31 de Desembre de Palma , que, sin embargo, no supuso el cierre del local

Solo en 2017, el último año con todos los datos contabilizados, Salud Pública suspendió la actividad a 34 negocios de Baleares del sector de la alimentación, 24 de ellos restaurantes. Inmovilizó 32 partidas de alimentos, multó a 161 comercios de restauración y 37 empresas cárnicas. Y recibió 249 denuncias por alimentos en mal estado en restaurantes, industrias cárnicas y mataderos y otro tipo de establecimientos relacionados con la alimentación.

El número de empresas de alimentación se dispara

Uno de los factores determinantes que explican todas estas actuaciones es el destacadísimo crecimiento de los negocios dedicados a la restauración y la alimentación en Baleares, de 16.585 a 19.777 en solo cinco años, 3.192 más, teniendo en cuenta que bares y restaurantes se convirtieron durante los peores años de la crisis en el sector refugio para decenas de personas que buscaban una segunda oportunidad, aunque no tuvieran los conocimientos profesionales para llevar a cabo la actividad escogida.

En este último año, las autoridades sanitarias realizaron 1.038 auditorías en industrias alimentarias de las islas y detectaron 452 incumplimientos. Entre ellos destacan cuatro cuatro casos de animales con tuberculosis. Además se detectaron 2.775 casos de productos mal etiquetados en declaraciones nutricionales, aditivos o alergógenos.

Entre los casos destacados, se detectó un exceso de sulfitos, un derivado del azufre que se utiliza como aditivo en la conservación de alimentos, en una partida de gamba supuestamente fresca de lonja y se puso en marcha una propuesta de multa, así como cinco casos de huevo y leche contaminados en salsas de restauración y postres que hubieran podido provocar intolerancias, así como cuatro casos de salmonela en carne de cerdo de matadero.

También se localizó una muestra de alimento infectada por Listeria, un peligroso agente patógeno, y se puso la correspondiente multa.

En las actuaciones realizadas en mercados municipales se inmovilizaron doce lotes de alimentos, se tramitaron trece propuestas de sanción y una propuesta de suspensión. La mayoría de las deficiencias tenían un carácter estrutural o una mala identificación de los alergógenos del producto.

Alertas alimentarias

425 establecimientos estuvieron afectados por alertas alimentarias. La más importante de ellas fue la iniciada por el producto de alimentación infantil de la empresa Lactalis, con presencia de salmonela y distribución en grandes superficies, farmacias y hospitales.

Baleares también inició una alerta alimentaria por contenido elevado de aflotoxinas en almendra cruda. Y otra por la venta de medicamentos ilegales como complemento alimenticio que dio origen a la operación Pangea de la Guardia Civil, en la que se intervinieron más de cuatro millones de medicamentos falsificados como potenciados de la función sexual, de la masa muscular, psicoestimulantes y productos veterinarios.

También retiró dos productos que se vendían como complementos alimenticios ligados a la investigación judicial del caso Minerval, el falso medicamento anticancerígeno: Oleate Plus y Dhali-Fort. El motivo: no se había declarado que proveían de una síntesis química realizada en laboratorio.