El Govern deberá hacer frente al pago de 155 millones de euros por sentencias condenatorias firmes en su contra derivadas de la aplicación de la Ley de 2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, que supuso "la protección de 1.500 hectáreas y 7 kilómetros de costa", según explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa.
Precisó que hay sentencias que todavía no son firmes y que están pendientes de que se resuelvan los recursos, pero que el Govern prevé que sean también condenatorias. Para hacer frente a estos pagos, el Consell de Govern aprobó ayer un decreto ley de concesión de créditos suplementarios por un importe de 142.824.000 euros.
A pesar del elevado coste que suponen estas sentencias para las arcas autonómicas, Costa resaltó que se deben a "una apuesta decidida por la protección" con la ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible aprobada por el Govern del Pacto que presidió el socialista Francesc Antich. A ello añadió que no todos los espacios que quedaron protegidos han causado el pago de indemnizaciones. De los 142,82 millones de crédito, a cargo de los presupuestos de este año, está previsto que 133 se financien con endeudamiento a largo plazo y los 9,82 millones restantes, a través de una baja por un importe equivalente en la partida presupuestaria de las amortizaciones de deuda financiera de 2018, ya que existe dicho sobrante.
Costa explicó que la sentencia cuyo "pago es más inminente", ya que el Govern ha sido requerido por el juzgado para abonarla, es una por la que se condena al Ejecutivo a pagar 86.775.013 euros a las entidades propietarias de terrenos protegidos en Punta Pedrera, en Sant Josep de Eivissa, de los que 21.833.644 corresponden a intereses. Ha precisado que se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que dio la razón a las entidades Punta Ibiza y Mecron y ayer el Consell de Govern autorizó a la conselleria de Territorio a pagarlo.
Ensenyat culpa al PP
Entretanto, el candidato de MÉS per Mallorca a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat, responsabilizó al PP del pago de las indemnizaciones a las que el Govern tiene que hacer frente.
El ecosoberanista aseguró que "una vez más la mala gestión del PP continúa haciendo daño muchos años después". El también presidente del Consell, señaló que "el PP, no tiene autoridad moral para opinar porque son responsables directos".
"Aseguró que "se estima que la corrupción de la legislatura 2003-2007 ha supuesto un gasto de más de 240 millones de euros". "Entre 140 millones para proteger el territorio o construir el Palma Arena, prefiero proteger el territorio", afirmó.
