El exteniente de alcalde de Urbanismo de Palma por el Partido Popular, Javier Rodrigo de Santos, condenado por malversar más de 50.000 euros de Cort y abusar sexualmente de dos menores de edad, quiere recuperar su plaza de funcionario estatal que perdió por las condenas. De Santos, que desde hace años reside en Madrid, planea acogerse a una vía de rehabilitación contemplada en el Estatuto de la Función Pública y en la jurisprudencia.
De Santos, de 53 años, aprobó de joven unas oposiciones y consiguió un puesto en la Administración Estatal de técnico. Uno de sus destinos fue Palma, donde trabajó en el antiguo Insalud, del que posteriormente llegó a ser delegado. Su carrera en Mallorca fue meteórica y pronto destacó en el PP, que le designó primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento en la legislatura de 2003 a 2007.
En aquellos años su imagen pública era la de un buen gestor, político honrado, padre de familia numerosa y ferviente católico.
Todo ese mundo se vino abajo cuando se descubrió que De Santos había usado, entre 2006 y 2007, una tarjeta Visa de la Empresa Municipal de Proyectos y Obras Urbanas de Palma para gastarse 50.804 euros en clubes de alterne homosexuales de Palma y Madrid y en otros fines privados.
El exedil devolvió el dinero a Cort, pero fue juzgado por un tribunal popular que lo declaró culpable de malversación continuada de caudales públicos. La sentencia que le impuso la Audiencia el septiembre del 2009 fue de dos años de cárcel y 4 años de inhabilitación absoluta, fallo que fue confirmado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo.
Expulsado del funcionariado
De Santos no cumplió la pena de dos años de privación de libertad, pero sí que fue expulsado de la función pública por su condena y por la pena de inhabilitación.
Más tarde, los padres de tres chicos, dos de ellos menores y que acudían a la catequesis impartida por la entonces esposa de De Santos, le denunciaron por varios delitos de abusos sexuales, corrupción de menores y tráfico de drogas.
El que fuera director de la campaña electoral de Jaume Matas en 2003 fue condenado por estos hechos en 2009 a 13 años y medio de privación de libertad, que más tarde el Tribunal Supremo redujo a cinco años. Por esta causa, el antiguo mirlo blanco del PP balear sí que pasó varios años en prisión.
Ahora de Santos recopila documentación sobre el cumplimiento de las dos condenas y su actual situación legal (sin nuevas condenas) para pedir al Estado su reingreso en la función pública, un proceso que puede durar meses en obtener respuesta. Si la Administración deniega la rehabilitación, el exedil podría acudir a la vía contencioso-administrativa.
