22 de noviembre de 2018
22.11.2018

Condenan a una empresa de Baleares por exponer a sus trabajadores al amianto

Un juez confirma la sanción económica que le impuso la conselleria de Economía

22.11.2018 | 12:52

Una empresa de Balears, dedicada al negocio del desmontaje industrial, tendrá que hacer frente a una elevada sanción económica por haber expuesto a sus trabajadores a tener contacto con el amianto, una sustancia que puede provocar cáncer. Esta empresa fue sancionada por la conselleria de Economía y Competitividad, que le impuso una sanción, calificada de grave, por no haber cumplido con su obligación de adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo. Es decir, por no respetar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, dado que sus trabajadores fueron expuestos al contacto con el amianto, sin adoptar ningún tipo de medida de prevención.

Por este grave incumplimiento la administración le impuso a la empresa de montajes una sanción económica de 40.986 euros. Dicha sanción ha sido ahora ratificada por los tribunales, al confirmar la grave actuación de la empresa por dicha exposición a esta sustancia cancerígena.

La empresa fue contratada por Gesa para realizar unas obras de desmontaje en la central eléctrica de Eivissa.

Se trata de una instalación que funciona mediante motores diésel. Cada uno dispone de un colector y a la vez un gran tubo de escape de alta presión que expulsa los gases que se producen en la combustión. Se acordó cambiar el aislante térmico de dicho sistema de escape y cambiarlos por unos nuevos.

Dicha instalación fue construida en el año 1981 y el sistema aislante que se utilizó fue un recubrimiento de amianto.
La empresa se consideró injustamente tratada por la conselleria por cuanto alegaba que Gesa no le advirtió de que en la instalación pudiera aparecer esta sustancia cancerígena. Por ello, no se aplicó ningún sistema de prevención para sus trabajadores.

Sin embargo, estos argumentos ni convencieron a los responsables de la conselleria, ni tampoco al juez, que se muestra especialmente crítico en su sentencia por la actuación de los responsables de esta empresa de montaje. Así, recuerda el juez que es muy clara la normativa sobre las labores de demolición en edificios donde se sospecha de la presencia de amianto, donde existe un protocolo de seguridad para que los empleados que realizan estos trabajos no tengan un contacto con este material cancerígeno.

La sentencia señala que Gesa tuvo sospechas de la presencia de esta sustancia en esta instalación y de hecho realizó un análisis del material retirado, que confirmó que se trataba de amianto. El resultado del análisis no lo comunicó a la empresa de derribo, situación que entiende el juez que no afecta a la responsabilidad cometida por exponer a los empleados al contacto con este material peligroso. El juez señala que teniendo en cuenta la época de la construcción de esta nave de electricidad, el ingeniero industrial que dirigió las obras de derribo debió sospechar que podría aparecer amianto y, por tanto, debió realizar las comprobaciones necesarias para descartar esta posibilidad, pero no se hizo nada. Además, señala que en esta operación se retiraron 60 kilos de residuos, "cantidad lo suficientemente significativa teniendo en cuenta la peligrosidad del amianto".

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