El Govern y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo en relación con las normativas autonómicas en las que el ejecutivo estatal apreciaba conflicto competencial, la Ley de Urbanismo de 2017 y el Decreto ley 1/2018 de mejora de los equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales.
En el caso de la Ley de Urbanismo, se descarta el conflicto competencial y se mantendrá tal como fue aprobada en 2017, según se ha acordado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma balear.
Sobre la Ley de Urbanismo de Balears, se han resuelto positivamente las controversias surgidas en 12 de los artículos por los que "no se ha propuesto ningún recurso de inconstitucionalidad".
Las cuestiones que el Gobierno planteaba se referían sobre todo a la defensa de las entidades estatales con presencia en Baleares, como es el caso de los puertos del Estado.
