Los padres de una niña que sufrió gravísimas secuelas a consecuencia de un parto acaecido en el Hospital Comarcal de Inca decidieron ayer retirar la acusación contra una pediatra, un ginecólogo y una comadrona, tras ser indemnizados con más de un millón de euros por las compañías de seguros.
La familia de la pequeña explicó que, una vez garantizado que su hija va a recibir los cuidados necesarios en el futuro, renunciaba a la acusación particular.
Los tres acusados iban a ser juzgados ayer en el juzgado de lo penal 3 de Palma, cuyo titular dictó su absolución tras ser retirada la acusación. Los tres estaban acusados de un presunto delito de lesiones por imprudencia.
Los hechos ocurrieron hace casi diez años en el hospital de Inca cuando una mujer se puso de parto. La parturienta era madre de un primer hijo y en el parto ya sufrió complicaciones, lo que, unido a su diabetes de gestación, hacía que el alumbramiento fuera de riesgo.
Según el escrito de acusación, la comadrona no habría adoptado las medidas necesarias para vigilar ese parto y tampoco advirtió las señales de que el feto estaba sufriendo.
La comadrona tardó varias horas en avisar al ginecólogo y la niña, según el escrito de acusación, "nació deprimida, sin tono ni respiración espontánea".
En ese momento intervino la pediatra de guardia, que, de acuerdo a la calificación provisional, habría demorado también las medidas para atender a la recién nacida.
El escrito provisional señalaba que la bebé "padeció sufrimiento fetal y anoxia perinatal, con síndrome hipóxico-isquémico, trastorno conductual del lactante con hiperactividad, incoordinación succión-deglución-respiración, posturas distónicas en posturas antigravitatorias con hipotonía troncular moderada".
Los padres reclamaban una indemnización por las lesiones y las severas secuelas que sufre la niña, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 94 por ciento y 40 puntos de movilidad reducida.
La discapacidad de la niña no se podrá evaluar totalmente hasta que no acabe de desarrollarse, pero "requiere y requerirá ayuda para las actividades cotidianas de por vida, así como programas de rehabilitación constantes".
La familia pedía inicialmente dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de profesión sanitaria para cada acusado.
La fiscalía también reclamaba inicialmente la condena de los tres acusados, pero ayer también desistió de acusarlos y se dictó su absolución.
