Jueces que ayer no se unieron a la huelga general de la judicatura y la fiscalía expresaron su fuerte malestar por las disfunciones que en su trabajo les causó el quinto día de paro de los funcionarios de la cárcel de Palma y la posible afectación de los derechos fundamentales de los reclusos. Según los afectados, no se cumplieron los servicios mínimos en el centro penitenciario y no se excarcelaron algunos presos que tenían que comparecer en el juzgado y también se pusieron obstáculos a la celebración de videoconferencias con internos.
Los funcionarios de las cárceles de Palma e Eivissa vivieron ayer otro día de paro, tras la huelga del pasado sábado. A primera hora de la mañana se concentraron en las puertas del establecimiento penitenciario palmesano unos 150 funcionarios, que exhibieron una pancarta con el lema "Tu abandono me puede matar" y quemaron neumáticos y uniformes.
Ayer estaba señalada a primera hora un juicio por un presunto delito de robo y en el que el acusado era un preso. Esta persona no pudo ser trasladada a los juzgados de Vía Alemania porque se impidió el acceso al furgón policial en la prisión de la carretera de Sóller, según fuentes judiciales.
Desde el juzgado se hicieron intensas gestiones con la cárcel para conseguir que le presentaran al acusado o, alternativamente, celebrar el juicio mediante vídeo-conferencia. Sin embargo, los contactos fueron infructuosos y desde la prisión se informó de que la conducción o la videoconferencia no se podían hacer por la huelga.
Situación más relajada
Finalmente, la situación se relajó en el establecimiento penitenciario y se pudo habilitar una videoconferencia hacia la una de la tarde. El juicio se hizo así tras varias hora de espera de las partes y de la jueza.
Las fuentes informantes señalaron que el bloqueo de las excarcelaciones podría ser delictivo, dado que atentaría contra los derechos fundamentales de los presos. "Imaginad que hubiera que poner en libertad a un interno y no se puede hacer, eso sería muy grave", comentó un juez.
Los funcionarios de prisiones reclaman un aumento de personal en las cárceles de Palma (donde faltan 70 trabajadores) y de Eivissa y Menorca, reformas legales para acabar con las continuas agresiones de reclusos y aumento salarial para equipararse con otros cuerpos del Estado o de sus homólogos de Cataluña. También quieren un despliegue de medios humanos más eficaz.
En Evissa hubo cortes de tráfico de hasta tres horas en las inmediaciones de la cárcel por un piquete de funcionarios. Las movilizaciones continuarán esta semana y desde UGT no se descarta que si el ministerio del Interior no se aviene a negociar se convoque una huelga indefinida.
David Rodríguez, representante sindical en Palma por UGT, afirmó que el seguimiento de las últimas jornadas de paro ha sido masivo y que tan solo han trabajado los funcionarios asignados a servicios mínimos.
Rodríguez señaló que tras la última tanda de paros se dará unos días de tregua al ministerio del Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias, para reanudar las negociaciones. Si no hay acuerdo no se descarta que las movilizaciones se endurezcan en otra próxima fase.
