Més emitió ayer su propio veredicto sobre el caso de la sanción perdonada por su recién elegida número tres al Consell, Caterina Mas, a su marido durante su etapa como alcaldesa de Petra. Después de haber escuchado sus explicaciones, los ecosoberanistas la mantendrán por ahora ,a pesar de su imputación judicialimputación judicial, en la lista a la institución insular para las próximas elecciones de 2019.
Mas participó ayer en la reunión de la cúpula de Més para rendir cuentas de su situación judicial y de la sanción urbanística de 58.000 euros perdonada a su marido durante su etapa como alcaldesa. Lo hizo acompañada del concejal ecosoberanista en Petra citado a declarar como testigo en la causa por haber instruido el expediente, Sebastià Reixac. Juntos dieron parte a la Ejecutiva del partido de los hechos que les imputan y plantearon su línea de defensa. Mas y Reixac insistieron en que la sanción ya estaba prescrita cuando la ahora número tres accedió a la alcaldía en 2010, si bien según los informes aportados en la querella, debido al recurso judicial, la sanción seguía aún viva. En cualquier caso, Mas descargó la responsabilidad en el secretario municipal, también citado a declarar como testigo por la jueza que instruye el caso en un juzgado de Manacor, por no haberla informado de la fecha de prescripción.
La cúpula ecosoberanista dió por válidos los argumentos esgrimitos por la también vicepresidenta del Institut de Afers Socials (IMAS), que le servirán por ahora tanto para mantener su actual cargo como para seguir formando parte de la lista electoral de Més al Conselllista electoral de Més al Consell de la que resultó la mujer más votada en las primarias del pasado día diez de noviembre.
En el transcurso de la reunión algunas voces expresaron sus dudas sobre su situación política. Desde el entorno de Fina Santiago se cuestionó la "estética" del caso y otras voces recordaron el precedente de Antoni Verger, que renunció a ser candidato a Cort en 2015 por su imputación en el caso Trenes, que acabó archivada.
Mas está siendo investigada por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho e infidelidad de custodia de documentos públicos por dejar prescribir una sanción urbanística de 58.000 euros por la construcción de una nave ilegal en suelo rústico a la ferretería de la que es socio su marido, que ha sido citado para el próximo mes de enero. Los hechos ocurrieron con Mas como alcaldesa entre 2010 y 2015. Durante esos años Mas permitió desde el consistorio el impago de la multa. Mientras la exalcaldesa se encargaba de cobrar la sanción impuesta en paralelo a la constructora, acordó con su marido un calendario de pagos del que sólo se abonaron las primeras cuotas. Mas no volvió a intervenir hasta dos años después, amenazando con reclamar el cobro a través de la Agencia Tributaria pero evitó hacer esa gestión los quince meses que siguió como alcaldesa.
Esperan la "letra pequeña" del REB
Por otra parte, la reunión de la cúpula de Més sirvió también ayer para hacer una primera valoración del Régimen Especial (REB) anunciado por la presidenta del Govern, Francina Armengol. El partido, que integra el Ejecutivo autonómico junto al PSIB, evitará la crítica a sus socios hasta conocer la letra pequeña del acuerdo.
