Casi el 44,2% de los jueces de Balears secundó ayer la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales y fiscales, en un pulso que mantienen con el Ministerio de Justicia para conseguir las reivindicaciones laborales y económicas que están pidiendo desde hace años. En Mallorca, en las tres demarcaciones judiciales, de los 12o jueces, 50 de ellos secundaron la movilización. Otros compañeros no pudieron sumarse a la huelga, debido a que tuvieron que atender casos urgentes. Aún así, se suspendieron 155 actuaciones. Los jueces se concentraron a las puertas de la Audiencia para mostrar el apoyo a esta jornada reivindicativa.

Los representantes en Balears de las cinco asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga mostraron ayer una imagen de unidad, la misma que mantienen sus portavoces nacionales en la negociación que llevan a cabo con el Ministerio.

Hasta 17 puntos reivindican estos profesionales, que en líneas generales engloban desde mejoras económicas (piden recuperar el poder adquisitivo que perdieron en el año 2010), a una mayor dotación de medios y, en especial, un descenso en la carga de trabajo que, en estos momentos, coinciden en que "es inasumible". También denuncian el sistema con el que se ha elegido el próximo presidente del Supremo, y a los vocales del Consejo, porque ello afecta "a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces".

"Esta huelga es una oportunidad para defender la separación de poderes", anunció el juez Víctor Fernández, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, que lamentó la falta de sensibilidad que está mostrando la ministra de Justicia con el colectivo del que ella formó parte. "La ministra se sumó a la huelga del mes de mayo, en la que pedíamos las mismas reivindicaciones que ahora", recordó Fernández.

Injerencias políticas

Jaime Tártalo, magistrado de la Audiencia y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, además de criticar las injerencias políticas en el nombramiento del presidente del Supremo, denunció que en estos momentos en Palma los jueces sufren una carga de trabajo tan elevada, que es muy difícil de asumir. "Los jueces trabajamos todas las mañanas, todas las tardes y casi todos los días. De otra forma no sale el trabajo, pero a cambio no recibimos ninguna recompensa". De hecho, cada juez de la Audiencia dicta una media de doce sentencias a la semana, aunque a veces incluso más.

Catalina Martorell, de Jueces para la Democracia, abogó por una reforma urgente de la Justicia, pero realizada por alguien "que conozca las problemas de verdad". La juez abogó para que el Ministerio descuente el sueldo de la jornada de ayer, para dejar claro que secundaba el día de huelga.

José Díaz Cappa, de la Asociación de Fiscales, denunció que el Gobierno no puede excusarse en que lleva poco tiempo en el cargo, porque las situación que ha llevado a esta huelga "lleva años denunciándose". Explicó que es necesario un aumento de las retribuciones económicas y explicó que el Ministerio, por una semana de guardia, paga 56 euros extras.

El fiscal Eduardo Navarro, de la UPF, también pidió que "la Justicia no sea una moneda de cambio para los políticos" y recordó que una de las reivindicaciones que se piden es eliminar la limitación de los periodos de tiempo de las instrucciones de causas, "para evitar que se puedan producir espacios de impunidad".

Jueces y fiscales coinciden en que es necesario que se realice un estudio serio de la carga de trabajo que debe asumir cada uno de ellos, porque en estos momentos el número de causas que asumen es muy superior a las recomendaciones del CGPJ.