Martín Aleñar Feliu es el decano del Colegio de Abogados de Balears- ICAIB desde 2012. Actualmente, en el ecuador de su segundo mandato, está teniendo que lidiar con la demora de cuatro meses por parte del ministerio de Justicia en retribuir a los más de 700 abogados del Turno de Oficio insular, a los que se les adeuda más de un millón de euros. Aleñar defiende las excelencias de los letrados de oficio y postula que los operadores jurídicos deberían sentarse en una misma mesa para analizar los males de la Justicia y proponer remedios. El decano es uno de los impulsores de la "abogacía defensiva", el consultar a un letrado antes de dar un paso en la vida con posibles repercusiones jurídicas.
¿La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha hecho chantaje a la Abogacía al vincular el pago a los letrados del Turno de Oficio a un conflicto por la Asistencia Gratuita en el caso Gürtel?
Lo que ha ocurrido en primer lugar es que se han incumplido la promesa de que los pagos del Turno de Oficio se harían de manera puntual (cada mes). Esas demoras las han excusado, y relacionado, con un problema de pago a bogados de oficio en el caso Gürtell, cuando es algo que no tiene nada que ver con que veinte mil abogados del Turno de Oficio ya lleven cuatro meses sin cobrar. En diversas reuniones del Consejo General de la Abogacía española con Justicia ya se dio varias veces por solucionado el problema de Gürtel y Justicia ha incumplido en varias ocasiones las promesas de pago inmediato, deuda que a los más de 700 letrados del Turno de Oficio asciende a más de un millón de euros.
¿Consideran suficiente la subida media de un 24 por ciento en los baremos (emolumentos) para los letrados del Turno de Oficio?
No. Consideramos que es totalmente insuficiente un incremento por término medio del 24 por ciento, dado que, por ejemplo, si un letrado cobra 180 euros por llevar todo un asunto, una subida de 36 euros es muy insuficiente. Es una indignidad para los abogados de oficio.
¿Cobran lo mismo los letrados del Turno de Oficio de Balears que los de otras Comunidades?
En todas las Comunidades con transferencias (competencias) en Justicia se cobra una cantidad superior a Balears. Es un agravio comparativo y por determinadas actuaciones de los abogados de oficio se paga el doble que aquí. Hay que acabar con esta desigualdad territorial.
¿Balears tendría que tener las competencias en Justicia?
El Colegio de Abogados siempre ha mantenido en todas las ocasiones en las que ha habido negociaciones para transferir estas competencias que estaba a favor, siempre que vinieran con una dotación económica suficiente, algo que en todos los intentos no estaba garantizado. El que Justicia dependa del Govern hace que el interlocutor esté más cerca y sea más fácil el diálogo, pero no se puede consentir el que en medios materiales y humanos vayamos a peor.
¿Cómo valora el servicio que ofrece el Turno de Oficio?
Los más de 700 abogados del Turno de Oficio de Balears han superado cursos específicos de formación en temas como violencia de género, menores o extranjería. Además, en todas las encuestas de la Abogacía superan el notable alto en valoración de los justiciables. No son abogados inexpertos, desmotivados o que no saben. Por otro lado, el Turno de Oficio español es envidiado en los países europeos, donde tienen otros sistemas parecidos, más limitados y que no abarcan lo que cubre el modelo español.
¿Qué significa el concepto abogacía preventiva y si guarda relación con la Jornada de Puertas Abiertas que el Colegio de Abogados organiza para el próximo viernes, día 23?
Abogacía preventiva significa difundir la cultura de que un buen consejo a tiempo puede ahorrar muchos disgustos legales. En el extranjero ya existe este hábito de no dar ni un paso sin escuchar antes al abogado. Cosas cotidianas, como contratar un seguro o comprar una casa siempre tienen unas repercusiones jurídicas y es bueno un asesoramiento. Hay que acercar la figura del abogado a la sociedad como un profesional accesible y asequible, ya que mucha gente piensa que es algo muy caro. Por eso hacemos la Jornada de Puertas Abiertas, que será el viernes por la mañana en las sedes colegiales y para la que hay que pedir cita previa en la página web del ICAIB.
¿Participan los colegiados en las actividades, comisiones y programas formativos del Colegio?
Uno de los propósitos de mi mandato y del resto de la Junta de Gobierno cuando nos presentamos era aumentar esa participación y es algo que se ha logrado. Actualmente hay cien abogados adscritos a las distintas comisiones colegiales, como Derechos Humanos, Turno de Oficio o Deontología y Ética. También desarrollamos programas solidarios, donde los colegiados demuestran su espíritu solidario. En cuanto a formación disponemos de un programa de bonos que facilita la asistencia gratuita a las actividades formativas, que son casi una por semana o 50 al año. Ahora tenemos más de cuatro mil colegiados que pueden participar en todas estas actividades.
¿Que opinión tiene de la huelga de jueces y fiscales convocada a escala nacional para mañana lunes, día 19?
Estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones sobre la falta de medios humanos y técnicos de la Justicia. No ha habido voluntad política de arreglar la Justicia en España. El Consejo General de la Abogacía lleva décadas proponiendo un Pacto de Estado sobre la Justicia, pero no ha habido Gobierno que lo haya querido firmar. La Justicia es la 'hermanita pobre' de la Administración. Es la última en recibir medios, cuando un Estado de Derecho no funciona si la Justicia es lenta y carente de medios. Comparto totalmente la reivindicación de más medios.
Esta semana también ha habido paros de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios.
Se puede decir lo mismo que de las reivindicaciones de jueces y fiscales. Todos reclaman más y mejores medios para la Justicia, aunque desde el punto de vista de sus especificidades y competencias. Todos los operadores jurídicos tendrían que sentarse a una mesa, poner en común las deficiencias y disfunciones que existen en la Justicia y proponer soluciones. Deberíamos remar todos en la misma dirección y en este caso los que más saben son los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, que se oponen a traslados forzosos porque eso iría en contra de su especialización en determinadas materias y en perjuicio de la Justicia.
¿La decisión del Tribunal Supremo sobre la fiscalidad de las hipotecas ha creado inseguridad jurídica y ha dañado la imagen del Alto Tribunal?
Por supuesto que sí. Existe un clamor en todos los ámbitos jurídicos sobre que esta situación se ha gestionado de manera muy deficiente. Se ha dañado la imagen de la Justicia y ha dado la impresión de que en el Tribunal Supremo no hay orden ni concierto. Otra cosa es la cuestión de fondo, sobre a quién correspondía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pero las formas no han sido las mejores.
¿Debería cambiarse el actual sistema de elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial?
Mi opinión particular es que el hecho de que el Congreso y el Senado nombren a los vocales del Consejo General del Poder Judicial no es un mal sistema. Este mecanismo evita corporativismos o endogamias y supone que el pueblo escoge al Órgano de Gobierno de los Jueces. Lo que fallan aquí también son las formas. Debería arbitrarse algún medio o sistema transparente que garantizase más la independencia del Poder Judicial, de los jueces y magistrados.
¿Se están respetando los derechos fundamentales en el proceso judicial al procés catalán?
Pienso que sí. Otra cosa diferente son las discrepancias que existen sobre la oportunidad o no de la prisión preventiva o su prolongación en el tiempo.
