La número 3 de Més al Consell, Caterina Mas, se encargó de cobrar como alcaldesa de Petra la multa impuesta a la constructora de la nave de la ferretería de su marido, mientras la sanción a este último por las mismas obras quedaba paralizada en el ayuntamiento. La empresa contratada por su pareja para la construcción ilegal de la instalación en suelo rústico pagó 58.000 euros de sanción en junio de 2011, con Mas como alcaldesa. Paralelamente, la ecosoberanista firmó un calendario de pago para su cónyuge que nunca llegó a cumplirse hasta que la sanción acabó prescribiendo en un cajón del ayuntamiento.
Caterina Mas, elegida el pasado fin de semana en las primarias de Més como número 3 al Consell, está siendo investigada por un juzgado de Manacor por haber dejado prescribir una sanción de 58.000 euros por la construcción ilegal de una nave en un suelo rústico interpuesta a la ferretería de la que es socio su marido. Mas tuvo que declarar ante el juez el pasado mes de abril y se le acusa de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho e infidelidad de custodia de documentos públicos. Unos hechos que no le impidieron dar el paso de presentarse a las primarias.
Según tratan de defender a Mas desde Més, los hechos se remontan a 2004 y la sanción ya había prescrito cuando ésta accedió a la alcaldia, lo cual dista de la realidad. Pese a que la sanción por parte del Ayuntamiento se dictó en 2007, no fue declarada firme por la justicia hasta 2009. Estos dos años dejó de correr el tiempo para la prescripción, por lo que la sanción seguía viva cuando Mas relevó a Joan Font en la alcaldía de Petra en 2010.
De hecho, la propia Mas firmó en abril de 2011 la aceptación de un calendario de pago de la sanción propuesto por su marido, del que, sin embargo, no se realizaron más que los primeros desembolsos, lejos de asumir los 58.000 euros de multa previstos. Posteriormente, la ahora número 3 de Més tardó dos años más en pronunciarse después del último pago. Lo hizo a través de un escrito en el que abría la puerta a reclamar la sanción a través de la ATIB, gestión que no realizó en los quince meses que todavía siguió como alcaldesa.
Dos años de impago sin pronunciarse
Por contra, Mas si cobró la sanción de también 58.000 euros interpuesta paralelamente a la constructora contratada por la ferretería de su marido para levantar la nave ilegal. En junio de 2011 comunicó a la Agencia Tributaria que la empresa había abonado la sanción en abril, después de haber reclamado a través del fisco la sanción, una gestión que no se llevó a cabo en el caso de la ferretería de su marido. Mientras tanto, éste último incumplió el calendario pactado y dejó una deuda con el consistorio superior a los 50.000 euros.
Fue después del cambio de gobierno municipal, en 2015, cuando el Ayuntamiento inició los trámites para reclamar a través de la ATIB la cantidad adeudada por el marido de la exalcaldesa, topándose con que la multa impuesta sí había prescrito ya.
La causa por la que está imputada está pendiente ahora de la calificación del fiscal después de que el juzgado diera seis meses más a la instrucción por su complejidad. La cúpula de Més ha decidido mantener por ahora a Mas como número tres de su lista al Consell. Este diario trató ayer de contactar con Mas sin éxito.
