El ministerio de Justicia, presidido por la fiscal Dolores Delgado, ha decidido descontar un día de sueldo a los jueces y fiscales que sigan la huelga general del próximo lunes. Ayer fue el turno de los funcionarios de Justicia, que protestaron contra una reforma legal que conlleva sus traslados forzosos en una misma ciudad, paro, que según los sindicatos convocantes, fue seguido en Balears por el 52 por ciento de los 1.500 trabajadores públicos.
La huelga de pasado mañana ha sido convocada por las siete asociaciones profesionales de jueces y magistrados españoles y pretende presionar al Gobierno y a los Poderes Públicos para emprender una serie de importantes reformas en la Justicia, dotarla de medios humanos y materiales suficientes, mejorar las retribuciones y reforzar la independencia del Poder Judicial.
Derecho de huelga
La ministra de Justicia en su última reunión con las asociaciones comunicó su intención de descontarles un día de sueldo a los jueces y fiscales que se sumen al paro, el segundo convocado este año entre los dos colectivos.
Es la primera vez que se aplica esa medida en paros de la judicatura y la fiscalía, porque hasta ahora el trabajo perdido se compensaba con horas extra.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha valorado esta decisión como justa y ha apostillado que supone un reconocimiento implícito del derecho de huelga de las dos carreras, algo que se ha cuestionado desde algunos medios.
En Balears están llamados al paro 200 jueces y fiscales. En el anterior paro, del pasado mayo, hicieron huelga el 53,62 por ciento de los jueces y magistrados y un porcentaje no determinado de los 62 fiscales también se unieron a la protesta.
Por otro lado, funcionarios y sindicalistas de Justicia se concentraron ayer en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Balears para exteriorizar su protesta frente a una reforma legal que conllevará el traslado forzoso del personal de Justicia y una reducción de trabajadores. Los funcionarios estaban llamados a una huelga general que tuvo un desigual seguimiento y para la que, según los sindicatos, se habían decretado unos servicios mínimos muy elevados.
La movilización pretendía parar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita en las Cortes y según la cual los funcionarios destinados en una misma ciudad podrán ser trasladados de un juzgado a otro o de un tribunal a otro, con independencia de su plaza. Los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y STAJ sostienen que el cambio supondrá un empeoramiento de Justicia, dado que actualmente los funcionarios están especializados en cada jurisdicción y su movilidad forzosa les obligará a empezar de cero.
