La fiscalía anticorrupción deberá decidir si formula acusación contra el exjefe de campaña de Més en las últimas autonómicas, Jaume Garau, y cuatro ex altos cargos del Govern de ese partido, Ruth Mateu, Jaume Gomila, Josep Ramon Cerdà y Pere Muñoz, por el llamado caso Contratos, la presunta trama para beneficiar al primero con contratos públicos. Ayer tuvo lugar una de las últimas diligencias de la instrucción: el interrogatorio, en calidad de investigado, del empleado de una multinacional sospechoso de conchabarse con Garau para fraccionar un contrato.
El declarante es un trabajador de Pysma Iberica Marketing Research S.L., cuyo director general también compareció como investigado hace unos días. Este gestor rechazó saber nada de un contrato de 17.700 euros más IVA que su empresa firmó con la conselleria de Cultura para hacer, en 2016, mil seiscientas encuestas sobre hábitos de consumo cultural en las islas. Con las respuestas Garau realizó después un informe encargado por el Instituto de Estudios Baleáricos y por el que cobró 21.538 euros con IVA. La causa se archivó para el director general y ayer se interrogó al trabajador que mantenía los contactos con Garau.
El imputado, defendido por Gabriel Lladó, rechazó haberse compinchado con Garau para amañar los contratos y negó tener una relación personal con el exideólogo de Més. El propio Garau, cuando declaró ante el juez, el pasado 24 de octubre, también rechazó que hubiera una componenda entre Pysma y él para repartirse el contrato sobre hábitos culturales de los baleares. La querella contra Garau es por tráfico de influencias y prevaricación.
