Manuela Pujol ha conseguido aplazar hasta el próximo 8 de enero el desahucio del piso del IBAVI que habita desde hace 15 años y que debía hacerse efectivo mañana. Esta mallorquina pagaba un alquiler social de 300 euros, pero ha ido encadenando impagos de la renta hasta alcanzar una deuda de 17.000 euros con el organismo público, que el pasado octubre ordenó su desahucio.
Pujol, miembro de la plataforma Stop Desnonaments, ha logrado esta mañana en el juzgado un aplazamiento de su desalojo. Los activistas acusan al IBAVI de actuar con "opacidad" en este caso al "negarse a facilitar a Manuela su expediente, por lo que no tiene toda la información para defenderse", ha argumentado Joan Segura, portavoz de la plataforma.
Asimismo, Segura lamenta que el IBAVI "desahucie a ciudadanos sin ofrecerles una alternativa habitacional", al tiempo que ha cuestionado las palabras del conseller de Vivienda, Marc Pons, que en una entrevista publicada el domingo en este diario aseguraba que "pueden contarse con los dedos de una mano las familias desahuciadas por el IBAVI".
Pujol alega que desde el inicio de la crisis ha alternado trabajos precarios con largos periodos fuera del mercado laboral, lo que le ha llevado a una situación de colapso que le ha impedido cumplir con el alquiler.
