09 de noviembre de 2018
09.11.2018
Un mes de la riada mortal

Inundaciones en Sant Llorenç: Los interrogantes ponen fin a la tregua

El retraso en la alerta de la Aemet, en la activación del Inunbal y el colapso del 112 son las sombras de la gestión de la riada

08.11.2018 | 23:45

La tregua ha acabado. Durante el último mes los partidos políticos han contenido las críticas y han evitado colar la catástrofe del Llevant en la brega política. Sin embargo, transcurridos esos primeros 30 días desde la tragedia, esa paz insólita entre Govern y oposición, que llegó a escenificarse con el líder de la oposición y presidente del PP, Biel Company, renunciando a su cara a cara con la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha llegado a su fin. En la última semana se ha recrudecido el debate entorno a la riada, con la oposición poniendo el foco sobre la consellera Catalina Cladera por la gestión de la riada. Los interrogantes se centran en el retraso en actiar la alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los tiempos de actuación de Emergencias y en el colapso de las líneas telefónicas del servicio del 112.

Sánchez anunció en Sant Llorenç las ayudas por zona catástrofica


La reacción política a la tragedia llegó la misma noche del 9. Con los vídeos de coches arrastrados por la riada llenando las redes sociales, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se dirigió etorno a las 21.00 horas al centro de emergencias para seguir el dispositivo que se iba a activar en el Llevant. La mañana siguiente se desplazó a Sant Llorenç y lo hizo acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista anunció desde ahí mismo la declaración del Llevant como zona catástrofica para acceder a las ayudas del Estado. No fue el único. Políticos de todo color pisaron el barro de la torrentada. Entre ellos,el líder nacional del PP, Pablo Casado, acompanyado del líder del PP balear, Biel Company.

La consellera de Hacienda asumió la gestión de la catástrofe


Desde el segundo día, quien se puso al frente de la catástrofe fue la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, que fue la encargada de dar las primeras explicaciones por parte del Govern. La consellera defendió desde un inicio que el Govern actuó "desde el minuto uno", y cifró en 200 las personas salvadas en las primeras horas de la torrentada. "El Govern era perfectamente consciente y actuaba de acuerdo con las circunstancia", sostuvo Cladera, que aclaró que la ejecución a las 21 horas del martes del plan de actuación ante inundaciones (Inunbal) no implica que hasta esa hora no se adoptaran medidas ante las alertas que llegaban al centro del 112.

Company evita el careo con Armengol: "Hay que estar con el Govern"


Había pasado ya casi una semana de la riada cuando quedó en evidencia la excepcionalidad de la catástrofe. Seguía la búsqueda del pequeño Arthur Robinson, el último desaparecido de la tragedia, cuando los partidos de la oposición evitaron entrar en la batalla política por el Llevant, remitiendo a la comparecencia parlamentaria solicitada por la consellera Cladera para dar explicaciones. Al día siguiente, la tregua se escenificó con Biel Company renunciando a su cara a cara con Armengol en el pleno. "Ahora es momento de estar al lado del Govern", justificó. Durante los siguientes días los partidos contuvieron las críticas y la confrontación y se limitaron a deslizar la "existencia de interrogantes" en torno a la gestión de la tragedia. Sólo un primer aviso en la tregua.

Los primeros dardos contra Més por rechazar la Unidad Militar


Mientras se evitaba la batalla en las instituciones las redes sociales dejaron escapar los primeros dardos políticos. Desde PP y Ciudadanos recordaron que Més y Més per Menorca rechazaron meses antes una iniciativa en favor de un destacamento permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que tuvo que desplazarse tras la tragedia desde Valencia, en la isla. No obstante, la iniciativa sí había salido adelante y el Govern recordó que ya se trabaja en un centro para efectivos en Eivissa.

Las ayudas en una semana y luego un préstamo para financiarlas


Diez días después de la riada, en un consejo extraordinario el Govern aprobó el decreto para las ayudas a los afectados con indemnizaciones desde los 6.000 euros por vehículos siniestrados hasta los 60.000 euros por vivienda. Dos semanas después el Ejecutivo pedía un crédito extraordinario de 42 millones para financiar las ayudas al haber vaciado ya durante el año el fondo de contingencia para gastos imprevistos en el pago de sentencias judiciales adversas. El Parlament dio luz verde al decreto en un tranquilo debate que contó con la unanimidad de los grupos.

De momento, las únicas ayudas que ya han recibido los afectados de la riadason las de Servicios Sociales, que no requerían justificación, y que iban destinadas a enseres básicos como ropa, muebles y electrodomésticos.

La Agencia de Meteorología asume que la alerta roja llegó tarde


Después de tres semanas la tregua política prometía llegar a su fin en la comparecencia de la consellera Cladera. Sin embargo, tampoco fue así. Los partidos de la oposición plantearon sus preguntas sin elevar el tono. La consellera puso ahí el foco en la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet), quien pocos días antes asumía en boca de su delegada en Balears, María José Guerrero, que se habían aplicado los protocolos pero que "en efecto, la alerta roja llegó tarde". Cladera señaló que cuando la Aemet declaró el nivel máximo de alerta ya hacía una hora que lo había hecho el Govern. La Agencia de Meteorología activó la alerta roja a las 22:26 horas del día 9 de ocutbre, solo cinco minutos antes de que la Guardia Civil avisara ya de la primera víctima mortal por las inundaciones y cuando los 13 fallecidos ya habían perdido la vida en la riada.

El foco puso al descubierto los recortes durante años que han dejado la Aemet con una estructura reducida y un sistema de avisos centralizado que previamente a activar la alerta debe pasar primero por Barcelona y luego por Madrid. La Aemet abrió a nivel nacional una investigación interna de lo ocurrido en la delegación balear durante la riada del Llevant. La auditoría interna concluyó que los protocolos se cumplieron y que la tecnología actual no permite predecir "ni la localización ni la intensidad exacta de la precipitación de un fenómeno excepcional como el ocurrido el día 9", dando aire a su delegada regional.

Mil llamadas sin atender en un servicio con falta de personal


Según los representantes sindicales del servicio del 112, la tarde de la riada sólo había cuatro operadores de telefonía atendiendo las llamadas, que pudieron ser cinco ya que personal del turno de mañana se quedó a ayuda, cuando la empresa tiene reconocida la necesidad de ocho empleados. Con esos operadores, un jefe de sala y un jefe y dos técnicos de emergencia se tuvieron que asumir más de 2.000 llamadas. Ante el colapso de las centralitas, unas 1.000 llamadas se dejaron de atender según admitió el Govern.

Sólo diez días antes de la torrentada, los propios trabajadores del 112 y de Emergencias advirtieron al Govern de la falta de personal y de las deficientes condiciones de los trabajadores englobados en la empresa pública que gestiona el 112. El documento fue registrado por el comité de empresa en la Dirección General de Emergencias alertaba del peligro que suponía en época de riesgo de inundaciones tener a trabajadores con "jornadas laborales como carreras a contrarreloj para asumir el volumen de llamadas".

El Govern admitió el colapso en la central del 112 pero asegura que no se dejó de atender a ninguno de los afectados por la riada.

Retraso en la activación del plan Inunbal ante inundaciones


El Plan Especial de Riesgos de Inundaciones (Inunbal) se activó a las 21 horas del día 9, cuando ya habían fallecido todas las víctimas. Un retraso que justificó en la falta de alerta de la Aemet. Sin embargo, el plan, que data del año 2005 y es el que está actualmente vigente, explica que el estado de alerta se puede activar por el aviso de la Agencia de Meteorología (Aemet) o por el seguimiento pluviodrológico mediante la confirmación de la situación de riesgo. En este último caso se activa con las llamadas del 112, mediante contacto con los ayuntamientos o con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, según relató la consellera Cladera, no contactaron con el alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, hasta las 22 horas.

Además, en 2016, Emergencias realizó un simulacro en Alcúdia sobre inundaciones en el que se activaba la alerta con lluvias de 100 litros por metro cuadrado. Unos datos que el 9 de octubre se registraban entre Artà y Sant Llorenç a partir de las 17 horas.

Desde la oposición también se ha cuestionado que con los medios publicando vídeos de coches arrastrados por la riada no se decidiera cerrar las carreteras en las que diez víctimas mortales de la tragedia se vieron sorprendidas.

El Inunbal también apunta que se debe declarar el índice de gravedad por inundaciones entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre en Balears y se recomienda reforzar el personal en esa época.

Los bomberos protestan contra Cladera frente al Parlament


La primera respuesta social por la gestión de la tragedia llegó el pasado día 30 de la mano d 200 bomberos que exigieron la dimisión de Cladera; del director general de Emergencias, Pere Perelló; y de Manolo Nieto, jefe de los Bomberos de Palma. En su protesta, criticaron la gestión realizada con la tragedia de Sant Llorenç, denunciaron la infrautilización de recursos y la falta de coordinación entre cuerpos y exigieron la aprobación "urgente" de una 'ley del fuego' que garantice la eficiencia ante este tipo de emergencias.

El Govern contestó que "tiene como objetivo que en las islas, por primera vez, se pueda aprobar y aplicar una Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento" y que el trabajo para esta normativa "está muy avanzado" pero que esto "implica a varias administraciones".

Los populares han puesto esta semana fin a la tregua política


El colapso del 112 y el retraso en el Inunbal han sido el argumento con el que el PP ha elevado el tono contra la que llama "todavía consellera Cladera". Los populares reclaman a la consellera el registros de emergencias, el llamado CAD, en busca de saber si entre esas 1.000 llamadas que no se atendieron pudo haber la de alguna víctima. La consellera recuerda que los problema de personal en el 112 no vienen de esta legislatura y que no se puede establecer un "nexo causa-consecuencia" entre el 112 y la tragedia. El Govern pide no anticiparse a las conclusiones de los informes técnicos sobre la tragedia, la oposición avisa: "Si no enseñan el CAD, algo esconden".

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