La decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas levanta una polvareda

La portavoz adjunta del grupo popular en el Parlament, Marga Prohens, tildó de "populismo fácil" el anuncio de Sánchez y defendió que la única medida adecuada es la anunciada por Pablo Casado, líder del PP nacional, de eliminar este impuesto. "Es la única garantía de que nadie lo pagará", dijo la dirigente popular quien aprovechó para arremeter contra la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, por mostrar a través de su cuenta de Twitter su rechazo a la decisión del Supremo.

"A Armengol le encanta el populismo vía Twitter, menos tuits y tonterías en redes sociales y más acción votando a favor de la bajada de impuestos que propone el PP", declaró Prohens. Con estas palabras se refería al tuit de Armengol en la noche del martes en el que afirmaba que la decisión del Supremo "perjudica a los ciudadanos y golpea la credibilidad de la Justicia". Ayer, Armengol tuiteó las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la decisión del Gobierno.

El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, quien calificó de "buena medida" el anuncio del presidente del Gobierno, replicó ayer a Prohens que lo "populista" es la propuesta de Casado. "Este es un impuesto que gestionan las comunidades autónomas y el PP cuando está en la oposición siempre dice estas cosas de bajadas de impuestos, pero cuando gobierna los suben todos", afirmó el diputado socialista.

La dirigente de Més per Mallorca y consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, consideró "políticamente correcta" la decisión de Pedro Sánchez, pero incidió en que , en la práctica, "la banca seguirá ganando". En este sentido, resaltó que la medida anunciada por el presidente del Gobierno "no tendrá carácter retroactivo" y que además lo que hará la banca será "subir a partir de la entrada en vigor los intereses de las hipotecas porque eso ya lo dijo, ya que se sienten tan fuertes que se permiten lanzar este tipo de amenazas". Para Més, "cada vez es más necesaria una regulación de la banca ya, puesto que su desregulación fue la que provocó la crisis y lo que hace que las hipotecas sean como son".

Alberto Jarabo, portavoz parlamentario de Podemos, valoró la "rápida reacción" de Pedro Sánchez ante la sentencia del Supremo, una medida que "Podemos ya había pedido para evitar un insulto más de nuestra justicia a los ciudadanos". Jarabo incidió en que "no podemos seguir con un poder judicial absolutamente politizado porque las consecuencias de eso son sentencias como esta del Supremo que van contra el interés general y la mayoría de la gente de este país" y resaltó la "reacción de los jueces más decentes de este país que han pedido la dimisión de Díez-Picazo y de Lesmes".

Xavier Pericay, portavoz balear de Ciudadanos, también calificó de "buena noticia" que los clientes vayan a dejar de pagar este impuesto y criticó el "papel lamentable del Supremo que da una imagen preocupante de lo que es la Justicia".

Las críticas al Supremo también se produjeron desde fuera del ámbito político. Así, Jordi Mora, presidente de Pimem, afirmó que la decisión de que el impuesto de las hipotecas lo paguen los clientes es "injusto y la marcha atrás del alto tribunal genera poca seguridad jurídica". Añadió que "da la sensación que el poder está en manos de la banca".

La decisión del Supremo ha provocado distintas reacciones entre jueces y abogados de Balears. El magistrado Víctor Fernández, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, no quiso valorar la sentencia del Supremo sobre el pago del impuesto sobre las hipotecas, porque no conocía el fondo de la sentencia, pero critica las formas que se han empleado para gestionar esta polémica. "No se puede atacar el prestigio del Supremo, porque los cambios de criterios son habituales. Sin embargo, el Pleno debió reunirse antes de que se dictara la sentencia". Recordó el juez que el Supremo no ha hecho más que ratificar una jurisprudencia ya asentada, pero consideró que lo que habría que plantearse "es para qué sirve este impuesto y quién lo está cobrando".

Mucho más dura se mostró la magistrada Catalina Martorell, portavoz en Mallorca de la asociación Jueces para la Democracia. "Nosotros pedimos la dimisión del presidente del Supremo y del presidente de la Sala de lo Contencioso por cómo se ha gestionado este tema. "Han ayudado a desprestigiar la Justicia y no es suficiente que pidan disculpas. Es una lástima que las esperanzas que tenían depositadas los ciudadanos hayan quedado truncadas por esta sentencia, que se decanta a favor de los bancos y en contra de los consumidores".

El juez Jaime Tártalo, de la asociación Francisco de Vitoria, también critica que el Pleno del Supremo se reuniera después de la primera sentencia, pero señaló que está en manos del "Ejecutivo resolver esta polémica, modificando la ley hipotecaria. Si el Supremo hubiera actuado de otra forma se habrían evitado todas estas manifestaciones".

El abogado Andrés Buades está seguro que esta polémica llegara al tribunal europeo, pero que todo el tema se solucionaría "eliminando el impuesto. El Supremo interpreta una norma que es muy confusa".

El también abogado Alberto García reconoce que es difícil de explicar que "en quince días el Tribunal Supremo pueda cambiar tan facilmente de opinión sobre quién debe pagar este impuesto" y considera que el presidente de la Sala debió abstenerse por los intereses que tenía sobre esta cuestión. "Hasta hace poco daba clases en una entidad vinculada a la banca".

El letrado Miquel Albertí también es de opinión que el Pleno debió celebrarse antes de dictarse la sentencia. Sin embargo, sigue apostando "por la independencia de los jueces y no creo que se hayan visto influenciados por un lobby bancario. Es un problema más de formas que de fondo".

Fernando Talens, abogado, está en contra del criterio del Supremo. "Es una norma muy dudosa, pero considero que este impuesto debería pagarlo el banco y no el cliente. Me sorprende la decisión adoptada por el Supremo".