"Indignación", "desvergüenza" o "esperpento" son algunos de los términos empleados por los responsables de entidades de defensa de los consumidores de Baleares ante la decisión del Tribunal Supremo de rectificar y exigir de nuevo que sean los clientes de las entidades financieras los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La esperanza de algunos de ellos es que sea la Justicia Europea la que a la larga vuelva a hacer recaer sobre la banca esa obligación.

El director general de Consumo del Govern, Francesc Dalmau, reconoce estar "indignado" ante esa decisión, que no duda en calificar de "esperpéntica".

Dalmau considera especialmente sorprendente que los jueces que están especializados precisamente en temas fiscales hayan sido enmendados por el pleno de la sala de lo contencioso administrativo, con magistrados cuya especialidades son en materia de urbanismo, derecho mercantil o derecho civil.

En cualquier caso, el director general de Consumo apuesta por que se trata de "una historia que va para largo", ya que previsiblemente llegará ante la Justicia europea, al tiempo que apunta la posibilidad de que el actual Gobierno impulse cambios en esta legislación. En este aspecto, coincide con la sentencia inicial que considera que es el banco el beneficiado por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al ser la garantía de que se le va a devolver el dinero prestado, por lo que debe de ser esta entidad la que lo pague.

Un aspecto que lamenta Dalmau es que lo sucedido supone "un jarro de agua fría" para los consumidores que mantienen su fe en que reclamando se pueden garantizar sus derechos, y puede provocar que algunos terminen pensando que no vale la pena "porque siempre ganan los mismos".

Además, Dalmau advierte de que situaciones como esta favorecen a las corrientes populistas y antisistema, al favorecer la radicalización de muchos ciudadanos.

"Que durante 20 años se haya cometido una injusticia, no significa que deje de serlo"

El presidente de la asociación de consumidores La Defensa, Bernat Ferrer, cita los textos que ha escrito en la cuenta de Facebook de esta organización, en los que se reza "Los putos amos de la Justicia" junto a un dibujo de una toga con los emblemas de las entidades financieras, seguido de la frase "Indignados con el Tribunal Supremo y su acojonamiento frente a la banca. Sinvergüenzas".

Bernat Ferrer subraya que estos mensajes son lo bastante explícitos para reflejar su estado de ánimo. En su opinión, "que durante 20 años se haya cometido una injusticia, no significa que deje de serlo", y coincide con Francesc Dalmau en que el impuesto a quien beneficia es a los bancos, al ser el que garantiza que podrán recuperar los prestamos que conceden, por lo que son quienes deben pagarlo.

También coincide con el director general en su esperanza de que la Justicia europea se decante en favor de los consumidores, y en considerar absurdo que los jueces especializados en temas tributarios hayan sido desautorizados por otros dedicados a otras materias.

En cualquier caso, Ferrer destaca la pérdida de confianza que se está generando en torno a los Tribunales españoles y en el respaldo electoral que eso puede suponer para formaciones como Podemos. En este sentido, vaticina que se van a generar movilizaciones de protesta entre muchos ciudadanos.

"Es el típico caso que podía caer de un lado o del otro"

Carlos Hernández, abogado especializado en materias de consumo, defiende que lo ajustado de la votación en el pleno del Supremo (15 jueces a favor de que paguen los consumidores y 13 que han defendido que sean los bancos) demuestra que había argumentos favorables para las dos posturas, y considera que "es el típico caso que podía caer de un lado o del otro". En este sentido, se declara convencido de que los magistrados han votado en conciencia y no por presiones.

Sin embargo, critica que los jueces especializados en materia fiscal hayan sido corregidos por otros que no lo son, y lamenta el deterioro que ello ha provocado en la imagen del Supremo, del que destaca que en otras ocasiones ha tomado decisiones que han favorecido a los consumidores.

En este aspecto, cuestiona especialmente la actuación mantenida por el presidente de la sala de lo contencioso administrativo, Luis María Díez Picazo, al que le aplica la frase "la que has liado, pollito", y al que acusa de "una nefasta gestión que ha provocado un caos".

Carlos Hernández reconoce sus dudas respecto a que la Justicia europea pueda exigir un cambio de criterio, ya que "el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es español y no está regulado a nivel europeo, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el IVA".