Tras el fallo del Tribunal Supremo, el Govern se ahorrará tener que devolver 157 millones de euros por el impuesto de de actos jurídicos de las hipotecas cobrado indebidamente a los ciudadanos desde 2015.
Si el Supremo hubiese confirmado que los bancos debían asumir este impuesto, los titulares de las hipotecas constituidas en Baleares desde ese año -los expertos estiman que son cerca de 50.000- deberían haber reclamado la devolución del impuesto ante la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (Atib), que después se lo hubiese reclamado a los bancos.
El Govern ha calculado que el monto total de esas reclamaciones ascendería a 157 millones de euros. Esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado que, en conjunto, las comunidades autónomas tendrían que adelantar unos 5.000 millones de euros.
