El sector náutico va a celebrar mañana una reunión clave para combatir la proliferación de yates piratas que se registra en las islas, y en la que se va poner sobre la mesa el incorporar al régimen sancionador a las páginas web que comercializan el alquiler de embarcaciones que no cuentan con los permisos correspondientes para esta actividad, siguiendo el ejemplo de la nueva normativa sobre alquiler turístico. Pero los cambios pueden ir más allá, dado que la asociación de chárter náutico de las islas va a proponer no solo que esas web puedan ser sancionadas, sino además un aumento considerable en las multas que pueden recibir para que esta medida pueda tener un efecto disuasorio.

La reunión fijada para mañana en la sede de la conselleria de Movilidad va a contar con la presencia de todo el sector, desde su patronal a representantes de Capitanía Marítima, Guardia Civil, Dirección General de Marina Mercante o de la Agencia Tributaria, entre otros, de ahí la relevancia que se le da.

El director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, ya anunció hace un mes que va a proponer la citada incorporación al régimen sancionador de las páginas web, lo que supone poder penalizarlas con multas de 60 a 500 euros por faltas leves, de 500 a 10.000 por las graves, y de 10.000 a 100.000 por las muy graves, aunque estas últimas corresponde a Capitanía Marítima imponerlas, por lo que desde el sector se duda de que este organismo pueda actuar sobre la comercialización que realizan las web.

Por ello, el presidente de la asociación de chárter náutico de la patronal APEAM (las empresas que alquilan embarcaciones de forma legal), José María Jiménez, adelanta que va a proponer un aumento de la sanción ante una falta grave, que sí puede ser aplicada desde el Govern, para situarla en el caso de la comercialización ilegal a través de internet entre los 15.000 y los 20.000 euros. En su opinión, los beneficios que las webs obtienen hacen que multas de unos cientos de euros no les suponga ningún quebrando económico.

Sin embargo, Jiménez reconoce que la reciente creación de un registro de barcos legales por parte de la Conselleria, y los contactos que la Dirección General de Puertos ha mantenido con las plataformas de alquiler en internet con sede en España, están dando sus frutos. Y prueba de ello es que en el último rastreo realizado por la patronal mallorquinas no se ha encontrado ya ni un solo yate ilegal que se ofrezca en alquiler en estas webs. Hay que recordar que desde el sector se estima que a principios del pasado verano había en las islas una proporción de un barco ilegal por cada uno legal.