Los doscientos jueces y fiscales destinados en Baleares están llamados, el próximo 19 de noviembre, a una jornada de huelga para protestar contra la cerrazón del ministerio de Justicia frente a sus reivindicaciones de mejoras de medios materiales, incremento de la independencia y mayores retribuciones salariales. El paro ha sido convocado a escala nacional por las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales, descontentas con el bloqueo que la ministra de Justicia, la exfiscal Dolores Delgado, está haciendo a sus reivindicaciones.

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en España otro paro de jueces y fiscales. En Baleares de los 138 jueces y magistrados siguieron la jornada de huelga 74, lo que supuso un 53,62 por ciento de la plantilla. La fiscalía no ofreció datos del seguimiento de la protesta en la plantilla de las islas, integrada por 62 funcionarios, aunque muchos de los fiscales sí pararon ese día. Ese día se suspendieron en las islas decenas de actuaciones judiciales.

El 16 de junio del 2017 las siete asociaciones profesionales suscribieron una tabla con 14 propuestas para mejorar la Justicia, que comprendían desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Algunas de estas actuaciones son competencia de las Cortes Generales, otras del Gobierno y el resto del CGPJ. Las negociaciones mantenidas con el anterior ministro de Justicia, el conservador Rafael Catalá, no prosperaron y se convocó la huelga como medida de presión.

La llegada al Ministerio de Dolores Delgado, una fiscal que se había destacado en las movilizaciones profesionales, suscitó un hálito de esperanza en las asociaciones, pero la realidad ha sido que sus reivindicaciones no avanzan. Por eso se ha convocado un primer paro el día 19, a que podrían seguir otras movilizaciones.

Los cambios que se reclaman son muy diversos y pasan desde el incremento de la plantilla de jueces y fiscales, para equipararla a la media europea, la racionalización de la planta judicial y fiscal para evitar la precarización laboral de las últimas promociones, hasta la convocatoria de la mesa de retribuciones, para recuperar los salarios perdidos en 2010 por la crisis.

Las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la Fiscalía Digital, en tanto no se dispongan de los medios adecuados, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Los colectivos también han instado a que se cambie la elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos Autonómicos (los partidos políticos) entre juristas de reconocido prestigio.

La huelga del 19 de noviembre será, si finalmente se lleva a cabo, la quinta de jueces y fiscales de la actual etapa democrática. Las dos primeras (solo de jueces) tuvieron lugar en 2009 y la tercera (de jueces y fiscales) en 2013. En la primera y la tercera el seguimiento a escala nacional rondó el 63%. En la segunda (convocada únicamente por la Asociación Profesional de la Magistratura), la adhesión fue del 30 por ciento de la judicatura. La cuarta fue la citada del pasado 22 de mayo.