Casi cinco desahucios cada día por el impago del alquiler durante los primeros seis meses del año en Balears. Los desalojos de inquilinos por no cumplir con la renta van en aumento mientras la burbuja de los precios sigue inflándose. Entre enero y junio, 846 familias fueron desahuciadas de sus viviendas al no satisfacer el alquiler. Es decir, 4,6 cada día.

Esta tipología de lanzamientos representan la gran mayoría en un contexto en el que los desahucios hipotecarios llevan tiempo en retroceso. En Balears ascendieron a 248 durante el primer semestre de este año.

Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que desde 2013 recoge en una estadística el número de lanzamientos por alquiler que llegan a los juzgados de Instrucción de todo el Estado para compararlos con las ejecuciones derivadas de impagos de la hipoteca. Y la conclusión es clara: el núcleo del problema está en los arrendamientos.

Miles de familias perdieron sus viviendas en lo peor de la crisis económica, cuando el paro se disparaba mientras muchos propietarios se quedaban atrapados por unos préstamos imposibles de pagar. Años después el sector del ladrillo vive una nueva burbuja, pero esta vez en torno a los alquileres. Y en el archipiélago ataca con mayor intensidad.

Los desahucios por el impago del alquiler suponen el 80% en Balears, mientras que en el conjunto del Estado representan el 60% del total. Las islas, con especial incidencia en Mallorca y Eivissa, encadenan subidas de las rentas desde hace años hasta configurar uno de los parques de alquiler más caros de todo el Estado.

Los precios se han disparado en Palma un 58% desde 2013, según cálculos del portal inmobiliario Idealista. Una subida espectacular -una de las mayores de todo el Estado- que ha barrido del mapa los alquileres inferiores a 600 euros y ha puesto las cosas imposibles a centenares de inquilinos que han terminado recibiendo una orden de desahucio.

Hay que recordar que tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) los propietarios pueden presentar una demanda de desahucio en el juzgado después de un solo mes de impago, al tiempo que pueden imponer una subida de la renta después del primer año de contrato.

Y no se prevén buenas noticias para los inquilinos a corto y medio plazo. Si en 2013 se registraron en Balears 1.580 desahucios de alquiler y 1.908 hipotecarios, en 2017 la tendencia se había invertido por completo: 1.465 desalojos por impagos de la renta y solo 784 por no cumplir con el préstamo del banco. De la estadística del CGPJ correspondiente al primer semestre se deduce que la brecha se agrandará todavía más este 2018.

Renovar el contrato de alquiler suele ser sinónimo de subidas sustanciales de la renta, inalcanzables para muchos bolsillos. Mientras, los salarios se mantienen o suben muy por debajo de los alquileres.

Esta burbuja se alimenta en buena medida del alquiler vacacional, una actividad al alza que promete a agencias y particulares un rendimiento económico muy superior al que ofrece el arrendamiento residencial.

Las entidades sociales reclaman desde hace tiempo medidas más garantistas para los inquilinos como la derogación del desahucio exprés, contratos de arrendamiento de larga duración e imponer un tope a los precios para evitar nuevos ciclos alcistas.

PAH: "Los 859 pisos vacíos inscritos en el registro del Govern no son ni el diez por ciento de los que hay"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Balears mira con recelo el registro de pisos vacíos del Govern, donde los grandes propietarios de las islas solo han inscrito 859 viviendas cumplido el plazo de tres meses para hacerlo. "Calculamos que esa cifra no representa ni el 10 por ciento de los pisos vacíos que hay en Balears", apunta Víctor Cornell, abogado de la PAH. "La mayoría de los pisos son de bancos, pero por lo que sabemos no se ha apuntado ni un solo fondo buitre, que son con diferencia los que más viviendas vacías acaparan en las islas", añade este experto.

Cornell espera que antes de que termine la legislatura el Govern despliegue un cuerpo inspector que haga aflorar todos esos pisos y, en su caso, sancione a los propietarios por no inscribirlos a tiempo. Precisamente ese registro de pisos vacíos fue incluido en la nueva ley de Vivienda a iniciativa de la PAH para dedicarlos a alquiler social.

Cornell es más escéptico con respecto al desarrollo de otras de las medidas que propuso la Plataforma: la oficina de acompañamiento al ciudadano. "Debía ser un servicio gratuito para ofrecer asesoramiento en materia de vivienda. Sin embargo, hace poco el director general de Vivienda [Eduard Vila] me trasladó sus pocas ganas de abrirla durante esta legislatura. Y ya me advirtió de que si lo hacía, la dotaría con abogados en prácticas que conseguiría firmando un convenio con la UIB", critica el letrado de la PAH.

"No tengo nada en contra de los abogados en prácticas, pero a esa oficina acudirán ciudadanos con problemas muy graves y solicitando información muy sensible que solo un profesional experimentado está en condiciones de ofrecer", finaliza Cornell.