Si usted, lector, es uno de los 1.780 pensionistas de Balears que ingresan más de cien mil euros al año, le parecerá de una lógica aplastante ser uno de los beneficiados por la eliminación del copago farmacéutico que impulsa el Govern. Si forma parte de la mayoría de jubilados con unos ingresos más bajos, considerará absurdo que los ricos se beneficien de las mismas bonificaciones que las clases medias o modestas.
Los gobiernos de cualquier tipo fijan límites, rayas imaginarias o reales, que benefician a unos ciudadanos y dejan al pairo a otros. O, visto desde otra perspectiva, perjudican a unos y salvan a otros.
Cuando un Ayuntamiento marca sobre los planos de las normas subsidiarias o planes generales dónde acaba el suelo urbano y empieza el rüstico, puede estar creando un nuevo millonario y dejar con un palmo de narices a su vecino. Cuando el Govern dibuja una nueva autopista, arruina la finca de un afectado y permite respirar aliviado al propietario de los terrenos de al lado. Cuando Hacienda fija los tramos para el impuesto sobre la Renta, rasca algo más el bolsillo del que ingresa 60.000 euros y se muestra más condescendiente con quien se planta en 59.999.
La medida de eximir del copago farmacéutico también a las rentas más altas no perjudica a nadie. Aunque quizás genere perplejidad.
Sin embargo, cada decisión del poder castiga a unos y premia a otros. Lo importante es que las medidas se adopten desde la honestidad, que sean lo menos lesivas posibles para la mayoría de los ciudadanos y que no se favorezcan los pelotazos de quienes saben engrasar convenientemente las corrioles del poder.
