La fiscalía de Baleares ya ha concluido la redacción del escrito de acusación por el que pretende que Bartolomé Cursach cumpla en prisión los delitos que, supuestamente, habría cometido al dirigir una organización que se habría dedicado a sobornar a políticos, funcionarios y policías locales. Este largo escrito de acusación, por el que se le imputarían hasta siete delitos al empresario de los negocios del ocio, ha sido enviado a Madrid, para que sea revisado por el responsable de la fiscalía Anticorrupción.

El documento se encuentra sobre la mesa del fiscal Alejandro Luzón, que cabe recordar que hace algunos meses decidió venir a Palma para entrevistarse con los cuatro fiscales a su cargo y para manifestarles su respaldo ante el clima de tensión que se estaba viviendo en aquel momento por las manifestaciones callejeras que estaban organizando los seguidores del empresario. Este escrito de acusación no será presentado en el juzgado hasta que venga autorizado desde Madrid, según han señalado fuentes jurídicas.

Los fiscales Anticorrupción de Palma están obligados a enviar los escritos de acusación de las grandes causas de corrupción a Madrid para que sean revisados antes de ser presentados en el juzgado. Por ello, el escrito del caso Cursach no es una causa excepcional, ya que se ha seguido el procedimiento que se ha venido cumpliendo desde siempre.

Bartolomé Cursach no es el único nombre que figura en dicho escrito de acusación. El juez decidió llevar a juicio a 24 personas, al apreciar que la trama que encabezaba el empresario podría haber cometido hasta siete delitos distintos. Se les acusará, en diferente grado, de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de drogas y coacciones. En este relato aparece señalada la que fue directora de Turismo del actual Govern, Pilar Carbonell, a la que el juez señaló que trabajaba bajo las órdenes del empresario para beneficiar a sus empresas.

El juez Florit, que sustituyó en el caso a su compañero Manuel Penalva, denunciaba que Cursach había conseguido establecer una trama que le permitía ejercer el control en determinadas instituciones públicas, sobre todo en Cort. "El Ayuntamiento de Palma muestra una preocupante pasividad y condescendencia con las infracciones, irregularidades e ilegalidades detectadas en los diversos establecimientos del Grupo Cursach, a tenor de las tácticas de acoso y derribo utilizadas por esta organización criminal", señalaba el juez.

Por otra parte, fuentes judiciales han asegurado que el trabajo policial sobre el caso Cursach está prácticamente terminado, que quedan solo algunos flecos y, por tanto, el cambio de destino que han solicitado algunos integrantes del Grupo de Blanqueo, y que ha sido aceptado, no va a influir en el desarrollo de esta investigación.

Las diligencias que están pendientes de terminar las han asumido los otros policías que ya venían trabajando en el caso y que siguen formando parte del Grupo de Blanqueo. Sin embargo, algunos de los policías que han participado de una forma más activa en la investigación han pedido un cambio de destino, en algunos casos, por motivos personales y, en otros, por la falta de apoyo interno de la cúpula de Jefatura.